Proporcionadas por el Sistema de Información sobre Enfermedades de Declaración Obligatoria, las cifras indican que, del total de hechos reportados, ocho mil 400 tuvieron como víctimas a mujeres adultas y 14 mil 400 a niñas y adolescentes, lo que revela la alta incidencia de este tipo de violencia contra menores de edad.

Especialistas advierten, sin embargo, que estos números no reflejan la magnitud real del fenómeno debido a la subnotificación de los delitos sexuales, que con frecuencia quedan sin denuncia por temor, presión social o trauma psicológico.

La gestora ejecutiva del Instituto Justicia de Falda y del proyecto Justicieras, Najara Barreto, explicó que la violencia sexual colectiva está marcada por una fuerte cultura de silencio.

El miedo a las represalias, la exposición pública y el trauma psicológico suelen convertirse en obstáculos casi insuperables para denunciar, advirtió la especialista en declaraciones al portal DW.

Según Barreto, el estupro colectivo también tiene una dimensión simbólica particular dentro de las dinámicas de violencia de género, porque, en muchos casos, funciona como un ritual de poder.

Los datos sobre este fenómeno se difunden después de que casos recientes ocurridos con adolescentes de familias con alto poder adquisitivo generaran gran atención mediática en el país, mientras organizaciones sociales advierten que situaciones similares ocurren cotidianamente en comunidades periféricas sin recibir la misma atención.

A principios de este mes, el Ministerio de las Mujeres expresó fuerte indignación por una violación en grupo ocurrida en Copacabana, Río de Janeiro, donde una joven de 17 años fue agredida por cinco hombres.

En ese contexto, el organismo reafirmó su compromiso de fortalecer las políticas públicas que protegen a las niñas y mujeres y promueven una cultura de respeto, igualdad y derechos humanos, y adelantó que se presentarán acciones orientadas a fortalecer las políticas para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas.

La violación está tipificada como delito en el artículo 213 del Código Penal brasileño, que establece penas de seis a 10 años de prisión, las cuales aumentan si la víctima sufre lesiones graves, es menor de 18 años o es asesinada.

Además, la ley 13.718, aprobada en 2018, endureció las condenas para los casos de violación colectiva, pues en estos hechos la sentencia puede aumentar entre un tercio y dos tercios.

Estas modificaciones legales se impulsaron tras uno de los episodios más impactantes registrados en el país en 2016, cuando una adolescente fue violada por decenas de hombres en una comunidad de la zona oeste de Río de Janeiro después de haber sido drogada.

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