En las afueras de la Corte Constitucional, el dirigente del partido, Geovanni Atarihuana, declaró a la prensa que la medida vulnera derechos laborales y modifica normas establecidas en el Código de Trabajo mediante una disposición administrativa.

Según dijo, el incremento de la jornada implica dos horas adicionales por trabajador, con una pérdida aproximada de 104 dólares mensuales.

El dirigente sostuvo que un acuerdo ministerial no puede alterar principios constitucionales ni disposiciones legales sobre la jornada laboral y calificó la normativa como ilegal “en la forma y en el fondo”.

También advirtió que la flexibilización podría derivar en despidos y en una reducción de costos laborales para las empresas cercana al 20 por ciento de la masa salarial.

El abogado del movimiento, Enver Aguirre, señaló que la norma vulnera el principio de reserva de ley, la jerarquía normativa y convenios internacionales suscritos por el Estado, incluidos los de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Recordó además que el tribunal constitucional estableció en 2021 que las jornadas laborales no pueden modificarse mediante medidas administrativas.

Otros gremios, como el Frente Unitario de Trabajadores, anunciaron que también impugnarán el acuerdo ministerial, al considerar que constituye una regresión de derechos laborales.

La normativa establece que las 40 horas semanales pueden redistribuirse en hasta 10 horas por cuatro días, aunque los demandantes aseguran que contempla turnos especiales que alcanzarían las 12 horas.

Bajo este esquema, los recargos por trabajo suplementario se pagarían únicamente cuando se superen las 40 horas semanales totales.

Pese a los cuestionamientos, el ministro de Trabajo, Harold Burbano, defendió la medida y aseguró que el Gobierno cuenta con argumentos para sustentar su constitucionalidad.

El funcionario indicó que el objetivo es promover la formalización laboral y pidió tiempo para evaluar su aplicación mientras se mantiene el diálogo con empleadores y sindicatos.

Unidad Popular solicitó a la Corte Constitucional que dicte medidas cautelares para suspender la vigencia del acuerdo hasta que se emita una decisión definitiva.

El pasado viernes, convocados por organizaciones sindicales, miles de ecuatorianos salieron a las calles en rechazo a medidas del Ejecutivo, en particular contra la flexibilización laboral.

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