El recurso legal fue interpuesto por la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), el Frente Nacional Antiminero y el colectivo Yasunidos, cuyos representantes acudieron al alto tribunal para solicitar incluso la suspensión de la norma mientras se analiza el caso.

El presidente de Ecuarunari, Leonidas Iza, sostuvo que la disposición prioriza intereses empresariales por encima de los derechos constitucionales y cuestionó la ausencia de procesos de consulta ambiental.

Según el dirigente, la Ley “reduce los controles ambientales a una simple autorización administrativa” y permitiría desplegar fuerza pública para proteger proyectos extractivos en territorios indígenas o comunitarios.

“El Gobierno de Daniel Noboa ha roto el pacto social establecido en la Constitución para imponer una lógica unilateral”, afirmó Iza, quien reiteró que existen causales para una revocatoria de mandato del presidente, una propuesta que avanza y se coordina con distintos colectivos ante el descontento ciudadano.

No obstante, advirtió dificultades para esa iniciativa ciudadana, prevista en la legislación, “Porque el CNE (Consejo Nacional Electoral) está controlado”.

En relación con la ley minera, la asambleísta de Pachakutik Mariana Yumbay respaldó la demanda de inconstitucionalidad y pidió medidas cautelares.

Desde el colectivo Yasunidos, Pedro Bermeo cuestionó el alcance de la reforma y el papel de las fuerzas de seguridad en el contexto minero.

“Las Fuerzas Armadas no pueden servir como guardia privada de las transnacionales mineras”, sostuvo Bermeo, quien denunció que la medida aprobada en la Asamblea Nacional abre paso a una “minería exprés” que pone en riesgo la biodiversidad y la soberanía de comunidades indígenas y campesinas.

El oficialismo afirma que con la oficialmente llamada Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía se busca una regulación eficiente que contribuya a mayores ingresos fiscales, así como que los sectores estratégicos cuenten con control frente a las amenazas del crimen organizado.

Pese a esos argumentos, la disposición acumula al menos seis pedidos de impugnación presentados por ciudadanos y organizaciones políticas y sociales.

Corresponderá ahora a la Corte Constitucional decidir si admite a trámite las demandas y si dispone medidas provisionales mientras analiza el fondo del recurso.

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