En un artículo de opinión que publica el diario El Mundo, el médico epidemiólogo salvadoreño y especialista en medicina tropical, emite valoraciones sobre el impacto en el país de la medicina privada y el sector público con cifras que muestran existe una crisis en el sector.
En términos de costos, la consulta privada para un salvadoreño oscila entre 39 y 70 dólares cada una, por ejemplo.
Señaló también el investigador y docente que aunque no existe un estimado oficial preciso y actualizado al 2026 del costo anual exclusivo de la práctica privada de medicina para el ciudadano salvadoreño promedio representa alrededor del 26.7 por ciento del gasto total en salud.
Al abordar la diferencia asistencial entre el sector público y privado, Rosales explicó que “existe una marcada disparidad: por cada médico público, hay 2.15 en el sector privado, reflejando una concentración en lo privado, aunque sin datos sobre superposiciones de empleo”.
No se ha encontrado -señaló- un porcentaje oficial o estadística precisa sobre médicos del Ministerio de Salud (Minsal) que posean clínicas privadas o farmacias, información fundamental para detectar corrupción y planificar salud pública.
Al respecto dijo que la ausencia de estos datos por parte del Minsal podría deberse a limitaciones regulatorias, falta de sistemas centralizados de registro o intereses políticos que evitan transparentar conflictos de interés.
En el país, es de conocimiento público que médicos del sector público ejercen en privado, generando críticas por conflictos de interés como recomendaciones a sus propios laboratorios o farmacias, aunque sin datos cuantitativos, indicó Rosales.
Un proyecto de ley para la Red Nacional de Hospitales (2025) propone dedicación exclusiva para médicos contratados, prohibiendo consultas privadas salvo emergencias, lo cual generó malestar en el sector privado.
Rosales concluyó que reformas como dedicación exclusiva, registros unificados y mayor cobertura pública como el seguro social o el programa Doctor SV, son urgentes para reducir la carga de bolsillo del salvadoreño común, estimada en 600 y dos mil dólares anuales por hogar y garantizar acceso equitativo.
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