Los hechos investigados forman parte del Caso 02 y afectaron principalmente a ciudadanos afrocolombianos, y a los pueblos indígenas Awá y Eperara Siapidaar en los territorios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, de acuerdo con la comunicación divulgada por el tribunal de paz.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP determinó que los crímenes no fueron hechos aislados, sino que fueron parte de “tres patrones macrocriminales cometidos de manera sistemática”.

Detalló que los imputados incurrieron en estigmatización y violencia selectiva orientadas a restringir y debilitar los procesos organizativos étnicos y no étnicos, así como sus expresiones políticas, sociales y culturales y la reivindicación de sus derechos individuales, colectivos y territoriales.

El segundo patrón denunciado por la corte de justicia transicional fueron los asesinatos de miembros de pueblos étnicos y comunidades campesinas, quienes fueron presentados ilegítimamente como bajas en combate para simular resultados operacionales por parte del Ejército Nacional.

Por otra parte, la JEP determinó que también se ejecutó una política militar en la que el territorio fue tratado como un recurso estratégico para el despliegue de operaciones contrainsurgentes y de erradicación de cultivos de uso ilícito, lo que afectó los derechos territoriales de los afrocolombianos, indígenas y comunidades campesinas de la zona.

Los imputados, de acuerdo con la fuente, hicieron parte del Grupo de Caballería Mecanizado tres “General José María Cabal” y del Batallón de Contraguerrilla 93 “Ramiro Rueda Mendoza”, del Ejército Nacional.

Una vez notificados los implicados, estos tendrán 30 días hábiles para reconocer o rechazar los hechos y las responsabilidades que se les atribuyen.

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