La institución dejó de estar bajo la jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y pasó al de Seguridad Pública, con lo cual cambió el régimen jurídico de su personal, poniendo fin a las asociaciones gremiales en su interior.
La reforma, que fue presentada durante la administración del Presidente Gabriel Boric, quedó aprobada por 41 senadores, dos votaron en contra y uno se abstuvo.
En la raíz de la medida están casos de corrupción detectados en el interior de varios recintos, incluso en algunos de alta seguridad donde cumplen penas varios reos sancionados por delitos graves, como narcotráfico o secuestros.
Uno de los más sonados ocurrió a finales de 2025, cuando el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones realizaron un operativo contra unos 42 gendarmes del penal Santiago 1, así como más de 30 civiles, sospechosos por cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Los funcionarios presuntamente facilitaban la introducción de drogas, teléfonos celulares, alimentos y bebidas alcohólicas para los detenidos y permitían el acceso de visitantes indocumentados para reunirse con miembros de organizaciones criminales.
El operativo se extendió a siete regiones del país e igual número de prisiones.
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