La ceremonia tendrá lugar a las 11:00, hora local, en el Palacio del Planalto, sede del Gobierno, con la presencia de ministros, parlamentarios y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

Con esta nueva legislación, bautizada como Estatuto Digital de la Niñez y la Adolescencia (ECA Digital), se amplían los principios del Estatuto del Niño y del Adolescente, marco legal vigente en Brasil desde 1990 para garantizar los derechos fundamentales de esos grupos etarios.

El llamado ECA Digital surge de la Ley 15.211, aprobada por el Congreso Nacional y sancionada por Lula en septiembre de 2025 tras un proceso de elaboración con amplia participación social.

De acuerdo con especialistas en la materia, la normativa responde al creciente papel de Internet en la vida cotidiana de menores de edad y a los riesgos asociados al uso de plataformas digitales.

Entre los problemas más frecuentes destacan el ciberacoso, la captación sexual, la exposición a contenidos violentos o pornográficos y los llamados desafíos virales peligrosos que circulan en redes sociales.

Mediante el estatuto también se abordan amenazas como la dependencia digital, la desinformación, el uso indebido de datos personales y la exposición a discursos de odio o estafas dirigidas a usuarios vulnerables.

La nueva ley establece que las plataformas digitales deberán aplicar mecanismos eficaces de verificación de edad, en sustitución de la simple autodeclaración utilizada hasta ahora, con el objetivo de dificultar el acceso de menores a contenidos destinados a adultos.

Asimismo, prohíbe el uso de datos o perfiles emocionales de niños y adolescentes con fines publicitarios y limita la monetización de contenidos que los representen de manera sexualizada o con lenguaje inapropiado para su edad.

Otra de las disposiciones exige a las plataformas adoptar medidas para prevenir la explotación sexual, el ciberacoso y la promoción de conductas que puedan causar daño físico o psicológico a menores.

También deberán identificar y retirar contenidos relacionados con abuso, secuestro o captación sexual de niños y conservar durante al menos seis meses los datos asociados a denuncias para facilitar investigaciones.

La legislación refuerza además la supervisión parental, al establecer que menores de 16 años solo podrán tener cuentas en redes sociales vinculadas a las de un responsable legal, mientras las plataformas deberán ofrecer herramientas para monitorear el tiempo de uso, los contactos y los contenidos consultados.

La fiscalización estará a cargo de la Autoridad Nacional de Protección de Datos, organismo independiente que podrá aplicar advertencias o multas a las empresas que incumplan las reglas, e incluso solicitar sanciones judiciales más severas.

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