De acuerdo con la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN), que impulsó el proyecto, el objetivo es recuperar el control estatal de las cárceles y frenar la reorganización del crimen desde los centros de reclusión.

Entre las principales medidas se incluyen la creación de un sistema de inteligencia penitenciaria, la clasificación de los centros según niveles de seguridad, la reclasificación de la peligrosidad de los internos y la instalación de inhibidores de telecomunicaciones.

También se prevé el uso de medios telemáticos para audiencias judiciales, visitas y comunicación con abogados en pabellones de máxima seguridad.

La norma contempla además la autorización del uso legítimo de la fuerza por los custodios, así como procesos de capacitación, evaluación, pruebas de confianza y rotación del personal penitenciario para prevenir la corrupción.

Uno de los cambios más debatidos es la creación de un Régimen Penitenciario Especial para reclusos de alta peligrosidad, que podría aplicarse no solo a condenados, sino también a procesados con auto de llamamiento a juicio e incluso a personas en prisión preventiva.

La reforma también prevé la incorporación temporal de policías y militares en servicio pasivo para cubrir el déficit de guías penitenciarios, permitiéndoles conservar el 100 por ciento de su pensión mientras perciben un salario por sus nuevas funciones.

Desde el bloque opositor de la Revolución Ciudadana (RC), la legisladora Jahiren Noriega cuestionó la iniciativa y advirtió que, sin presupuesto ni control real del sistema, la normativa podría quedar sin aplicación efectiva.

Otros parlamentarios criticaron los resultados de la política de seguridad del Gobierno de Daniel Noboa y señalaron el alto número de fugas y muertes registradas en cárceles durante el último año.

El también asambleísta de la RC Fernando Cedeño consideró que la normativa tendría un trasfondo político y estaría dirigida contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, actualmente en prisión preventiva en una investigación por presunta delincuencia organizada.

En contraste, el oficialismo defendió la ley como una herramienta necesaria para enfrentar la crisis estructural del sistema penitenciario en medio del avance del crimen organizado, que debilitó la institucionalidad.

La víspera, la Asociación de Servidores Penitenciarios del Ecuador expresó su rechazo a la reforma, al considerar que prioriza el control y las sanciones sin abordar problemas estructurales como la falta de personal, armamento y condiciones laborales adecuadas para los custodios.

La normativa deberá ser implementada por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores(SNAI)en un plazo máximo de 36 meses.

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