La decisión sobre los decretos para reglamentar el llamado Estatuto Digital de la Niñez y la Adolescencia (ECA Digital) se produjo luego de que el mandatario constatara que los documentos no habían sido previamente despachados para su evaluación.

Según explicó a medios locales de prensa el secretario de Políticas Digitales de la Presidencia, João Brant, Lula solicitó un plazo adicional de 24 horas para realizar un análisis técnico más minucioso de las medidas.

De acuerdo con el funcionario, aunque el texto era considerado consensuado entre los ministerios, el jefe de Estado optó por profundizar en las opciones incluidas en la normativa antes de su firma, y la ceremonia prevista para este martes fue reprogramada para la tarde de mañana en el Palacio de Planalto.

El denominado ECA Digital, sancionado por Lula en septiembre de 2025, establece nuevas obligaciones para las plataformas digitales con el fin de reforzar la protección de niños y adolescentes en el entorno de Internet.

La legislación exige, entre otros aspectos, la adopción de mecanismos para impedir el acceso a contenidos nocivos, como explotación sexual, violencia, pornografía y materiales que promuevan hábitos perjudiciales.

Con los decretos en cuestión se detalla la reglamentación de la ley, se crea un centro en la Policía Federal para recibir denuncias de delitos en entornos digitales y se redefine la estructura de la Autoridad Nacional de Protección de Datos, que será responsable de la fiscalización.

Entre las medidas contempladas figura la prohibición de prácticas consideradas manipuladoras en cuentas de menores de edad, como la reproducción automática de videos, el desplazamiento infinito de contenidos y sistemas de recompensas, con el objetivo de reducir la exposición prolongada y los riesgos asociados.

Asimismo, las denominadas grandes plataformas tecnológicas deberán adaptar sus sistemas para retirar contenidos ilegales con mayor rapidez y restringir el acceso a materiales prohibidos.

Las autoridades adelantaron que la implementación será gradual y podrá incluir advertencias y sanciones en caso de incumplimiento.

Con la legislación se refuerza además la supervisión parental, al establecer que menores de 16 años solo podrán tener cuentas en redes sociales vinculadas a las de un responsable legal, mientras las plataformas deberán ofrecer herramientas para monitorear el tiempo de uso, los contactos y los contenidos consultados.

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