En una comparecencia pública, Zelaya afirmó que ese colaborador de la justicia aseguró haber acompañado al general retirado -prófugo de la justicia- a una reunión con narcotraficantes en la norteña ciudad de San Pedro Sula, donde presuntamente recibió un millón de dólares.

“El testigo ha jurado decir la verdad ante un tribunal… ha manifestado que ese general recibió un millón de dólares, 680 mil en una bolsa y 320 mil en otra”, detalló el titular del ente acusador del Estado.

Agregó que, de acuerdo con la misma declaración, el exjerarca militar habría recibido dinero en otros lugares, aunque sin especificar montos.

Las declaraciones de Zelaya surgen en un contexto marcado por el debate sobre posibles amnistías políticas en el Congreso Nacional (Parlamento), una iniciativa presentada la semana pasada por los derechistas partidos Nacional y Liberal, aliados en el gobierno del presidente Nasry Asfura.

Consultado por periodistas sobre los proyectados indultos, el fiscal general aclaró no tener competencia directa en ese tema.

No obstante, defendió la actuación de la Fiscalía frente a cuestionamientos de sectores que, denunció, intentan desacreditar las investigaciones.

“Esa es la verdad que el pueblo hondureño debe saber y por la cual nosotros hemos sido atacados, diciendo que este Ministerio Público se presta a temas políticos”, enfatizó.

Advirtió que no doblará la mano ante el ruido político imperante en Honduras, y seguirá luchando con la misma contundencia contra la corrupción y el crimen organizado, apuntó.

“Vamos a seguir diciendo la verdad y actuando contra el crimen y la corrupción, aunque a algunos les incomode, incluso a ciertos sectores de la sociedad civil que han convertido la denuncia pública en un instrumento de ataque político mientras acomodan su discurso según sus propios intereses”, arremetió.

La amnistía impulsada por liberales y nacionalistas, que encarnan el llamado bipartidismo, beneficiaría a Vásquez, quien era el jefe de las Fuerzas Armadas el 28 de junio de 2009, cuando el entonces presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya (2006-2009), fue derrocado y expulsado del país.

El premeditado indulto también incluiría a Carlos Puerto y Venancio Cervantes, los otros dos generales que, junto a Vásquez, enfrentan un proceso judicial por el asesinato del joven Isy Obed y por la tentativa de asesinato de Alex Zavala, durante la represión de protestas contra el golpe de Estado.

La bancada del izquierdista Partido Libertad y Refundación rechazó la moción legislativa y anticipó que no respaldará ninguna iniciativa que otorgue “cartas de libertad” a los represores.

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