El documento, suscrito por 89 colectivos y ciudadanos de Ecuador, Canadá y América Latina, advierte que el acuerdo incluiría arbitraje internacional entre inversionistas privados y el Estado, mecanismo que contraviene la Constitución ecuatoriana, y afectaría el medio ambiente.
Las agrupaciones sostienen que el tratado fue negociado sin transparencia ni consulta previa a pueblos indígenas, trabajadores y comunidades potencialmente afectadas, lo que impediría evaluar sus impactos en los derechos humanos y de la naturaleza.
En declaraciones a la prensa este martes en las afueras de la sede diplomática canadiense, Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza por los Derechos Humanos del Ecuador afirmó que “es un tratado no transparente que se ha negociado a puerta cerrada y sin participación social”.
Advertimos a Canadá que está haciendo negocios con un gobierno que ha dado muestras de no reconocer la voluntad popular expresada el 16 de noviembre del 2025, cuando en un plebiscito los ecuatorianos dijimos No al cambio de Constitución y ahora quieren hacerlo vía proyectos de ley o acuerdos económicos, alertó Idrovo,
Desde el sector sindical, la presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), Marcela Arellano, aseveró que, de acuerdo con lo poco que conocen del acuerdo, prioriza la minería y podría agravar conflictos socioambientales en el país, además de poner en riesgo derechos laborales.
Arellano indicó que las organizaciones analizan presentar impugnaciones ante la Corte Constitucional una vez revisado y firmado el texto completo del tratado.
Cecilia Chérrez, del Colectivo Ecuador No Te Dejes, advirtió que el mecanismo de solución de controversias otorgaría privilegios a empresas transnacionales al permitirles demandar al Estado ecuatoriano, lo que debilitaría su capacidad para proteger derechos y territorios.
Desde territorios rurales, Hortencia Zhagüi, de la Escuela Agroecológica de Kimsacocha, en la sureña provincia de Azuay, expresó preocupación por el impacto de la expansión minera en páramos y fuentes de agua de las que dependen miles de habitantes.
“En los territorios donde ya operan mineras canadienses existen amplios conflictos. Un tratado como este abre las puertas a mayor persecución y reduce la capacidad de las comunidades para defender sus territorios”, expresó.
El pronunciamiento se suma a otras acciones nacionales e internacionales que buscan frenar la firma del TLC hasta que exista consulta ciudadana y acceso público a la información.
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