Denominada Operación Fuerza Integrada, la acción contempla el cumplimiento de 181 órdenes de registro y allanamiento y 112 mandatos de prisión, dirigidos a desarticular redes vinculadas a esos delitos y enfrentar la actuación de facciones criminales.

Las acciones, que movilizaron a las Fuerzas Integradas de Combate al Crimen Organizado (FICCO), se desarrollan de manera simultánea en estados como São Paulo, Minas Gerais, Bahía, Pernambuco, Pará y Rio Grande do Sul, entre otros.

Se trata de un esfuerzo coordinado que involucra a policías civiles, militares y penales, guardias municipales, la Policía Federal de Carreteras y órganos de seguridad estatales.

Las FICCO operan bajo un modelo de fuerza de tarea que busca integrar capacidades institucionales para enfrentar de forma más eficaz a organizaciones criminales, sin jerarquía entre las entidades participantes, informó la PF en un comunicado.

En Campinas, estado de São Paulo, una acción contra una organización vinculada al Comando Vermelho contempla decenas de órdenes judiciales y el bloqueo de más de 100 cuentas bancarias, con valores que podrían alcanzar los 70 millones de reales (13,3 millones de dólares).

Asimismo, en Pernambuco, otra operación apunta a una red dedicada al tráfico de drogas y armas, así como al robo de cargas y lavado de dinero, mientras que en Maranhão se investiga a un grupo que operaba con cocaína y crack a gran escala, con bloqueo de activos que ascienden a casi 300 millones de reales (57,4 millones de dólares)

Operativos similares se ejecutan en estados como Rio Grande do Sul, Bahía y Espírito Santo, donde se busca desarticular estructuras criminales vinculadas al tráfico de drogas y al desvío de estupefacientes.

En la región Norte, en Amazonas y Pará, las investigaciones incluyen el uso de terminales aeroportuarias para el tráfico y la posible colaboración de funcionarios con organizaciones criminales.

La PF destacó que las FICCO están presentes en todos los estados y el Distrito Federal, con 39 unidades en funcionamiento, lo que permite una cobertura nacional en el combate al crimen organizado.

De acuerdo con el balance oficial, en 2025 estas fuerzas realizaron 246 operaciones, con más de dos mil órdenes de registro y más de mil 500 detenciones.

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