De ese total, cuatro mil 170 corresponden a esta capital, Santa Rosa, Quetzaltenango, Chiquimula y Escuintla, con los mayores números de casos, detalló la entidad, responsable de representar y defender los intereses del Estado dentro y fuera de los tribunales.

Entre las vulneraciones más reportadas mencionó el derecho a la protección por el maltrato, a la integridad y el derecho a la familia.

En la mayoría de los casos, amplió la PGN, las niñas, niños y adolescentes fueron entregados a recurso familiar idóneo, para garantizar su protección y cuidado.

Subrayó que en cada uno sus equipos multidisciplinarios realizan el abordaje correspondiente y efectúan una investigación social, la cual presentan ante el juzgado competente, y es el juez quien resuelve la situación.

Durante 2025, la PGN archivó un total de 31 mil 887 denuncias en todo el país, de estas, 19 mil 132 se concentraron en Guatemala, Quetzaltenango, Chiquimula, Petén y Jalapa.

Estas denuncias, según insistió, son fundamentales para coadyuvar en la restitución de los derechos de la niñez y la adolescencia.

La situación crece cada vez y, a juicio de analistas, no solo refleja una crisis de protección, sino también un cambio en la cultura de acusación en el país.

Los informes y análisis de la PGN indican que el fenómeno responde a múltiples factores estructurales y sociales: el hogar como principal escenario de riesgo, pobreza y desnutrición, violencia sexual y embarazos tempranos, explotación económica, entre otros.

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