El ministro de Justicia, Fernando Rabat, dijo que el documento será reevaluado en el marco del cambio de administración y dejó abierta la posibilidad de introducirle modificaciones.

Este programa fue adoptado por un comité interministerial como hoja de ruta para la acción del Estado en la materia y contempla 175 acciones comprometidas por organismos públicos, incluyendo ministerios, servicios, gobiernos regionales y universidades.

Para su aprobación realizaron más de 140 reuniones técnicas y se incorporaron propuestas ciudadanas a través de plataformas digitales. El plan contó con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La senadora Claudia Pascual calificó como una señal preocupante el retiro del programa, lo cual se suma a una medida similar adoptada con más de 40 decretos sobre medioambiente.

Recordó que se trata del tercer plan hecho por el Estado y ello trasciende a los gobiernos de turno, por lo que el Ejecutivo debe dar una explicación tanto al Parlamento, como a la ciudadanía.

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