El detonante fue un bombardeo de Ecuador, con apoyo de Estados Unidos, a inicios de marzo en la provincia amazónica de Sucumbíos contra un campamento de los Comandos de la Frontera, grupo vinculado al narcotráfico que opera en ambos lados de la línea divisoria de las dos naciones.

Tras el hecho, Petro se refirió este martes al hallazgo de un artefacto explosivo sin detonar del lado colombiano y denunció posibles ataques transfronterizos, aunque reconoció que se requiere una verificación formal.

El mandatario también informó del hallazgo de 27 cuerpos calcinados en un poblado colombiano cercano al límite con Ecuador.

Por su parte, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, rechazó las declaraciones de Petro y afirmó en la red social X que “estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”.

La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, aseguró en entrevista con el canal Teleamazonas que las operaciones militares se ejecutan contra grupos armados irregulares ubicados dentro de Ecuador.

El Ministerio de Defensa del país de la mitad del mundo reiteró en un comunicado que las acciones de las Fuerzas Armadas “se desarrollan única y exclusivamente dentro del territorio ecuatoriano de manera responsable y soberana”.

El ataque formó parte de la estrategia denominada Ofensiva Total, orientada a desarticular redes de narcotráfico y minería ilegal.

Según fuentes militares, la operación combinó aeronaves, helicópteros, drones y unidades terrestres contra un campamento en el cantón Cascales, que podía albergar a unos 50 combatientes.

El objetivo principal era Johnathan Alfredy Tole, conocido como Mono Tole, cabecilla del grupo Comandos de la Frontera y considerado uno de los criminales más buscados por su actividad en Putumayo, departamento en el suroeste colombiano, y Sucumbíos, provincia nororiental ecuatoriana.

Sommerfeld indicó que Quito espera una comunicación oficial de Bogotá para responder a las acusaciones por los canales diplomáticos y expresó que el país apuesta por el diálogo para evitar una escalada mayor.

Esta situación se produce en medio de una crisis bilateral más amplia, pues desde febrero, ambas partes mantienen una disputa arancelaria con tarifas recíprocas que alcanzan hasta el 50 por ciento.

Ecuador acusa a Colombia de no controlar las actividades ilícitas en la frontera, por lo que decidió aplicar un gravamen a las importaciones que denominó “tasa de seguridad” y al cual Colombia respondió de manera similar y con una denuncia ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Si bien autoridades de ambos países expresaron que no desean ir a una guerra, el investigador Luis Córdova, del Observatorio Ecuatoriano de Conflictos de la Universidad Central del Ecuador, advirtió en entrevista para la emisora local Radio Pichincha que la zona limítrofe podría “comenzar a calentarse”.

En su opinión, es parte de una estrategia geopolítica vinculada a la presencia estadounidense en la región que también busca incidir en el venidero proceso electoral del país cafetero y en particular en el movimiento político de Petro.

El investigador cuestionó, además, la política de seguridad ecuatoriana y sostuvo que la cooperación militar con Washington ha implicado delegar funciones estratégicas.

En ese sentido, señaló que, bajo el argumento de combatir la inseguridad, Ecuador se estaría consolidando como un “protectorado” de Estados Unidos.

Funcionarios estadounidenses han confirmado el apoyo a operaciones contra organizaciones criminales en territorio ecuatoriano, en el marco de una coalición regional contra el narcoterrorismo.

Para Córdova, este tipo de decisiones podría profundizar la conflictividad en la zona fronteriza y generar repercusiones tanto en la seguridad como en la estabilidad política de la región.

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