El documento, con fecha 9 de marzo y compartido este jueves, recoge observaciones de varios Procedimientos Especiales de Naciones Unidas sobre disposiciones normativas adoptadas en el país en respuesta a la inseguridad ciudadana.

Entre los puntos señalados constan artículos del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sobre terrorismo y su financiación, la Ley Orgánica de Inteligencia y los decretos ejecutivos 730, 111 y 218, vinculados a militarización y a la figura de “conflicto armado interno”.

Los expertos advierten que estas normas podrían vulnerar principios como legalidad, proporcionalidad y necesidad, además de afectar derechos como la privacidad, la protección de datos y el acceso a recursos efectivos.

En el análisis sobre terrorismo, señalan que las definiciones son “excesivamente amplias”, al permitir sancionar conductas sin daño real ni víctimas, basadas en riesgos potenciales.

El documento indica que términos ambiguos como “medios capaces de causar estragos” o “informes falsos” generan discrecionalidad y afectan el principio de legalidad.

El texto también apunta que no existen suficientes controles independientes sobre las actividades de inteligencia.

Sobre los decretos ejecutivos, los especialistas señalan que podrían usarse para criminalizar la protesta o la disidencia política y también expresan preocupación por el uso frecuente de estados de excepción.

Igualmente, los relatores mencionan un cumplimiento limitado de decisiones de la Corte Constitucional y recuerdan alertas previas sobre el deterioro del espacio cívico en Ecuador, como restricciones a la libertad de expresión, reunión y asociación.

Adicionalmente, mencionan el uso excesivo de la fuerza, la estigmatización de actores sociales y riesgos como desapariciones forzadas.

Aunque reconocen la crisis de seguridad que enfrenta el país, subrayan que las medidas del Estado deben respetar los estándares internacionales de derechos humanos y para eso incluyen recomendaciones.

La Alianza por los Derechos Humanos señaló que los expertos de la ONU hicieron pública la comunicación debido a que no recibieron respuesta del Estado ecuatoriano.

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