A través de un comunicado, los expertos llamaron a «restablecer sin demora las instituciones y las políticas desmanteladas y a cesar las acciones que erosionan el legado histórico».

Según la comunicación, la séptima presentada desde 2024 sobre los retrocesos en torno al tema, la administración de La Libertad Avanza, sostiene un discurso que «niega o relativiza los crímenes», mientras desarticula las políticas de justicia memoria.

En ese sentido, implementa medidas, solicitadas por los perpetradores, entre ellas la de «desarmar los equipos de relevamiento de archivos de las Fuerzas Armadas», «desmantelar las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos», eliminar los cuerpos de peritos para los juicios de lesa humanidad y «reducir la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad».

Desde 1983, Argentina se consolidó como referente mundial en materia de justicia transicional, con la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, los mil 123 represores condenados, los 140 nietos que encontraron las Abuelas de la Plaza de Mayo y los sitios de la Memoria.

«Lamentablemente hoy estamos observando un rápido deterioro del liderazgo mundial de Argentina», afirma el comunicado.

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