El mandatario se refirió a ese tema la víspera durante un acto en Cuenca y este viernes volvió a tocar el asunto en una entrevista con la emisora Radio Centro, donde sostuvo que “se va a acabar la ayuda que reciben de los políticos, ahora también van a irse presos”.
Anticipó que su Gobierno prepara cambios para impedir que personas vinculadas al crimen organizado participen como candidatos en elecciones.
Según Noboa, la reforma estará enfocada en el Código de la Democracia (ley electoral) y buscará evitar que criminales accedan a cargos de elección popular, aunque aseguró que ello no afectará la participación política de ciudadanos sin antecedentes.
Durante la entrevista, el gobernante también apuntó a jueces y actores políticos a los que responsabilizó de favorecer la liberación de delincuentes.
Noboa vinculó ese planteamiento con una estrategia de seguridad que, según explicó, no se limita a capturar a quienes ejecutan los delitos, sino que busca desarticular las redes políticas, económicas y judiciales que sostienen a las organizaciones criminales.
Como ejemplo, mencionó el caso de Ángel Esteban Aguilar Morales, conocido como Lobo Menor, cabecilla de Los Lobos capturado en operativo con México y Colombia y trasladado ya a una cárcel de máxima seguridad en Ecuador.
El presidente señaló que se han tomado medidas para resguardar su integridad física dentro del centro penitenciario y sostuvo que es “muy difícil” que allí pueda producirse un atentado contra su vida, teniendo en cuentos que es testigo clave vinculado con el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, crimen ocurrido en 2023.
El mandatario añadió que construirá una nueva prisión en la provincia de Santa Elena, con capacidad para 15 mil reclusos, en medio de la crisis carcelaria y del hacinamiento.
También en materia de seguridad, Noboa declaró sentirse optimista con los resultados del toque de queda vigente desde el 15 de marzo en cuatro provincias del país y que se extenderá hasta el próximo 31 de marzo.
Las acciones en materia de seguridad se enmarcan en lo que el Gobierno define como una nueva fase de la lucha contra la violencia de bandas criminales, tras registrar en 2025 más de nueve mil muertes violentas, la cifra más alta en la historia del país y la mayor tasa de homicidios de Latinoamérica.
De acuerdo con el gobernante, la violencia ha disminuido en las últimas semanas en la ciudad de Guayaquil y en toda la provincia costera de Guayas en un 42 por ciento.
Mientras la ciudadanía espera resultados concretos, analistas advierten que medidas como los estados de excepción, la militarización y los toque de queda se vienen aplicando desde hace varios años no han conseguido una reducción a largo plazo de los índices de inseguridad en el país.
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