Hasta el momento, suman 15 los capturados entre bolivianos y extranjeros durante las dos operaciones ejecutadas en municipios cercanos a Santa Cruz de la Sierra, capital del oriente del país andino amazónico.

Tras la captura de Marset el 13 de marzo en la lujosa urbanización cruceña de Las Palmas, en la zona conocida como Portachuelo, fuerzas policiales allanaron un predio de gran superficie con hangar y pista clandestina, y un depósito de droga de aproximadamente 2,5 metros de ancho por seis de largo, con capacidad para ocultar tres toneladas de droga.

Las autoridades identificaron esta infraestructura como uno de los principales puntos de operación de la estructura liderada por Marset.

La televisora estatal Bolivia Tv mostró que en esas instalaciones había gran cantidad de equipos de comunicación, uniformes militares y placas de vehículos de Bolivia y Paraguay.

El allanamiento arrojó un saldo de 10 detenidos, todos relacionados directamente con la seguridad del hangar, según informó a la prensa el inspector general de la Policía, Lionel Valenzuela.

A la par de esta operación, efectivos policiales realizaron otra en el municipio cruceño de Montero, donde capturaron a tres colombianos y dos bolivianos que intentaban huir en un automóvil desde el hotel donde se alojaban.

Según Valenzuela, estos presuntos delincuentes eran parte de la estructura criminal que operaba en el departamento de Santa Cruz, donde tras la fuga de Marset en julio de 2023 cuando estaba a punto de ser arrestado, ocurrieron más de 15 secuestros y ejecuciones a balazos en la vía pública.

Dentro de este contexto, el medio Brújula Digital advirtió que el fiscal general del Estado, Róger Mariaca, tras quedar marginado en la captura de Marset, encara la desconfianza del Gobierno.

Según una fuente gubernamental que pidió el anonimato, la publicación advirtió que Mariaca no fue informado del operativo para detener al capo del crimen organizado precisamente por esa desconfianza.

Esta hipótesis es compartida por los analistas Diego Ayo, Edwin Herrera y Raúl Peñaranda, además del especialista en derecho constitucional Arturo Yáñez, informa el medio.

Tal punto de vista surgió porque el propio Mariaca afirmó que se enteró de la operación policial en la madrugada del día en que se ejecutó, mientras que el jefe de la Policía Boliviana, Mirko Sókol, sostuvo que el éxito de esa intervención se garantizó con la reserva de la información para evitar las filtraciones.

Herrera sostuvo en su columna de opinión que el nombramiento de Mariaca “ha estado rodeada de cuestionamientos que apuntan principalmente a que el Ministerio Público no actúa con independencia frente a las redes delictivas que operan en el país.

Recordó el analista que, en 2023, cuando Marset logró escapar de un operativo en Santa Cruz, Mariaca era fiscal departamental, y en ese período el Ministerio Público no investigó “las actividades fachadas de Marset que incluían la compra de equipos de fútbol, realización de espectáculos musicales y la incursión en el negocio inmobiliario, entre otras”.

Ayo, por su parte, dijo en la revista informativa de Brújula Digital que “si lo has ninguneado quiere decir que no existe, que no sirve, quiere decir que es corrupto o habrá que ver, qué cosa es, pero Mariaca claramente no está en los planes gubernamentales ni va a estar”.

Peñaranda, en tanto, advirtió que “el hecho de que Mariaca no conocía de la intervención contra Marset es un reflejo que se duda de su honestidad”.

Insistió en que “el Gobierno, el Estado boliviano, el Ministerio de Gobierno y el comandante de la Policía dudan de la honestidad del fiscal general (…). Se le está diciendo ‘mire señor Mariaca, no confiamos en usted’”.

Desde su perspectiva, el abogado constitucionalista Yáñez considera también que el hecho de que Mariaca no haya conocido el operativo envía un “mensaje poderosísimo”.

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