La restricción de movilidad rige en Guayas, El Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos, entre las 23:00 y las 05:00 (hora local) desde el 15 de marzo pasado y se extenderá hasta el día 31, como parte de las acciones del Gobierno de Daniel Noboa para enfrentar al crimen organizado.

El informe oficial señala que hasta ahora fueron identificados seis objetivos militares y dos individuos catalogados como de interés penal relevante, cifras con las cuales algunos cuestionan la efectividad real de la medida en el enfrentamiento a los grupos delincuenciales.

Además, en los procedimientos, las autoridades decomisaron 51 armas blancas y de fuego, así como 66 automotores y 150 motocicletas fueron retenidas o recuperadas.

Las autoridades también reportaron la destrucción de 129 campamentos considerados de uso militar irregular, así como la deshabilitación de una pista clandestina y la destrucción de una infraestructura presuntamente utilizada por estructuras criminales para la salida de droga del país.

El toque de queda ha tenido episodios polémicos como el ocurrido el 16 de marzo, cuando una persona murió durante un operativo militar.

La Fiscalía informó que la víctima habría sido agredida físicamente y electrocutada por personal militar, mientras que las Fuerzas Armadas reconocieron después que los uniformados implicados actuaron sin autorización del mando superior y fuera de su jurisdicción asignada.

La Corte Constitucional de Ecuador avaló la decisión del Gobierno de restringir la movilidad, pero ordenó que sea monitoreada por la Defensoría del Pueblo y que se garantice que tanto la prensa como organizaciones internacionales puedan realizar su trabajo durante esas horas.

La semana pasada salió a la luz una carta enviada por expertos de las Naciones Unidas al Ejecutivo ecuatoriano donde expresan preocupación por reportes de abusos durante estados de excepción, la militarización como medida contra la inseguridad y la aplicación del concepto de conflicto armado interno.

Ese tipo de pronunciamientos llega luego de que el presidente Noboa declarara esa situación en enero de 2024 y desde entonces decretara una serie de medidas contra las pandillas criminales que pasó a denominar terroristas.

Pese a las medidas, Ecuador cerró 2025 con más de nueve mil homicidios, cifra más alta en la historia nacional.

No obstante, según el mandatario, a inicios de este 2026 sí existe una reducción de las muertes violentas en provincias como Guayas, la más insegura del país.

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