Bloquean uso de área ambiental para rescatar al Banco de Brasilia

Brasilia, 23 mar (Prensa Latina) La Justicia de esta capital prohibió al Gobierno local vender un área ambiental para cubrir el déficit del Banco de Brasilia (BRB), en medio de la crisis derivada de presuntas irregularidades financieras, informó hoy la Agencia Brasil.

La decisión fue adoptada por el Tribunal de Justica del Distrito Federal y de los Territorios, que señaló riesgos de subvaloración en la zona conocida como Serrinha do Paranoá, un área de considerada estratégica por su importancia ambiental.

De acuerdo con el fallo del juez Carlos Frederico de Medeiros, queda prohibida cualquier acción de venta o alteración del terreno, bajo pena de una multa de 500 millones de reales (95,5 millones de dólares) por cada acto que contravenga la medida.

En la decisión citada por el medio, el magistrado advirtió que el área fue evaluada como tierra rural, de menor valor que la urbana, y alertó sobre posibles perjuicios financieros debido a la premura en una eventual venta.

Al respecto, criticó la intención de disponer de patrimonio público “para salvar el banco oficial del desastre provocado por una mala gestión”.

La Serrinha, situada entre las regiones administrativas de Varjão y Paranoá, alberga 119 manantiales que contribuyen al abastecimiento del Lago Paranoá, fuente clave de agua para la población del Distrito Federal.

Diversos sectores, entre ellos ambientalistas, académicos y organizaciones civiles, han cuestionado la iniciativa del Gobierno local.

El Banco de Brasilia enfrenta problemas financieros y una crisis de confianza, tras pérdidas vinculadas a la compra de activos de baja liquidez del Banco Master, en una operación que es investigada por Policía Federal debido a presunto fraude.

Ante ese escenario, el gobernador Ibaneis Rocha propuso utilizar inmuebles públicos como garantía de préstamos para rescatar la entidad financiera, incluida un área de 716 hectáreas en la Serrinha, valorada en unos 2,2 mil millones de reales (420 millones de dólares).

En su decisión, el juez afirmó que el poder público debe actuar con cautela al autorizar intervenciones en zonas ambientalmente sensibles.

De Medeiros citó el principio de precaución, según el cual la falta de certeza científica absoluta no puede utilizarse como justificación para permitir acciones potencialmente dañinas para el medio ambiente.

npg/mar

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