El eje del litigio se concentra en secciones de la normativa como la que introduce una prohibición general sobre la divulgación de datos personales, suprimiendo el criterio previo que permitía su publicación cuando existía interés público superior, según la prensa nacional.

Los peticionarios sostienen que ese cambio permite al poder ejecutivo denegar información a los ciudadanos, lo que, argumentaron, vulnera ese derecho fundamentado en artículos constitucionales sobre la libertad de expresión y de palabra.

También impugnaron otra sección que establece la no aplicación de la Ley cuando los datos sean procesados ​​por el Gobierno o por cualquier autoridad que este designe en aras de la «soberanía e integridad de la India, la seguridad del Estado, las relaciones amistosas con otros países.

Asimismo, el mantenimiento del orden público o la prevención de la incitación a cualquier delito».

Los demandantes manifestaron como preocupación la posibilidad de que esa disposición y otra similar, deriven en lo que denominaron un «régimen de vigilancia», carente de salvaguardias o mecanismos de revisión.

Entre otras disposiciones, la nueva ley obliga a cualquier intermediario o fiduciario de datos proporcionar información al Gobierno, permite a las autoridades crear una Junta de Protección de Datos e imponer sanciones por vulneraciones que revistan carácter de «significativas».

Según alegan los peticionarios, esto faculta al Gobierno solicitar información sin contar con orientación legal alguna, además señalan que vulnera el principio de separación de poderes, y una redacción ambigua, entre otras demandas.

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