El istmo permanece desde 2019 en las listas discriminatorias fiscales de la Unión Europea, aunque en octubre de 2023, fue excluido de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Entonces se comprobó el cumplimiento de parámetros y medidas para evitar el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros.

La nación canalera fue asociada a los paraísos fiscales desde el caso conocido como Papeles de Panamá, una investigación periodística internacional a inicios de 2016, y que se destapó por la filtración de documentos del bufete de abogados Mossack-Fonseca, cuya principal actividad comercial era crear y administrar sociedades offshore (fuera de la plaza).

Según Isabel Vecchio Arófulo, coordinadora Nacional ante este organismo y secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales del MEF, indicó que ahora, más allá de ser un examen técnico, se convierte en una prueba de efectividad y compromiso institucional.

Para la experta, la nueva ronda de Galifat marca un cambio sustancial respecto a las anteriores, ya que en el pasado el énfasis estaba puesto en la existencia de normas alineadas a los estándares internacionales; ahora, el foco se centra en demostrar que esas normas funcionan en la práctica.

Este giro hacia la efectividad implica que Panamá debe mostrar resultados concretos, respaldados por estadísticas, sentencias y casos que evidencien la aplicación real de su marco normativo, remarcó.

Uno de los puntos más sensibles es el tema del beneficiario final, según la especialista, pues no basta con tener un registro o una lista de nombres; lo fundamental es contar con información clara, actualizada y oportuna que permita identificar quién controla realmente las estructuras corporativas.

Otro reto es el desarrollo de normativas efectivas para supervisar los activos virtuales. El auge de las criptomonedas y otros instrumentos digitales plantea riesgos que requieren respuestas rápidas y sólidas, según explicó.

Subrayó al respecto, que no se trata de tener leyes en papel, sino de garantizar que estas se apliquen con mecanismos de supervisión adecuados y con capacidad de recuperación de activos en caso de delitos financieros.

Agregó que la recuperación de activos, de hecho, es otro de los ejes prioritarios, pues se vincula directamente con la extinción de dominio y con la lucha contra la corrupción.

De otra parte, insistió en que la preparación para esta ronda de evaluaciones no es tarea exclusiva del sector público.

El sector privado juega un papel fundamental y debe involucrarse activamente en capacitaciones y procesos de fortalecimiento. “Es un trabajo en equipo, no puede ser una evaluación de país en donde cada sector actúe por separado”, indicó.

Vecchio también advirtió sobre las consecuencias que puede tener un resultado negativo en la evaluación.

Más allá de los aspectos técnicos, un mal desempeño afecta la reputación internacional del país y puede repercutir en las relaciones financieras, especialmente en la banca corresponsal, alertó.

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