En declaraciones a la prensa este lunes desde las afueras del organismo electoral, el director nacional de Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, consideró que con una decisión así estaría en riesgo la democracia y afirmó que existen presiones desde el Ejecutivo para eliminarlos.

El dirigente solicitó al CNE actuar con independencia y respetar la ley, dijo que está en juego la participación de más de 200 mil afiliados y llamó a distintos sectores a unirse para enfrentar lo que calificó como un intento autoritario.

“El sueño de (Daniel) Noboa es quedarse solo en la papeleta y eso es antidemocrático”, afirmó Atarihuana.

Añadió que no existen causales reales para eliminar a su movimiento y catalogó como fraudulentos los informes técnico-jurídico del CNE que recomiendan iniciar la cancelación de ese partido y también de la organización política Construye.

“Esto no es una hacienda bananera, ni la Corporación Noboa, aquí hay derechos y leyes que se deben respetar”, expresó el líder de Unidad Popular, que advirtió con acudirá a todas las instancias a defenderse en caso de que el CNE, tras dos sesiones fallidas, consiga sacarlos del registro electoral.

Este domingo, a través de un comunicado, el CNE informó sobre la recomendación técnica para comenzar el proceso de cancelación de dos partidos políticos.

En particular se refieren a Unidad Popular y Construye, agrupaciones que no alcanzarían el 50 por ciento de adherentes permanentes requerido para mantenerse en el registro, tal como establece el artículo 327 del Código de la Democracia (ley electoral).

El análisis de esos casos ya ha generado tensión dentro del organismo electoral, que en una primera sesión no logró los votos necesarios para cancelar a las dos organizaciones y en otra sesión no hubo quórum para avanzar.

Este proceso ocurre mientras avanza el calendario previo a las elecciones seccionales del 14 de febrero de 2027, que contempla la inscripción de candidaturas entre agosto y septiembre.

Actualmente, el movimiento Revolución Ciudadana, considerada la principal fuerza política de oposición, está suspendido por nueve meses, lo que le impediría participar en los comicios para elegir prefectos, alcaldes y otras autoridades locales, aunque buscan revertir esa medida.

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