Muñoz compareció de forma libre y voluntaria ante el Ministerio Público por un proceso abierto tras un informe de la Contraloría sobre la adquisición de la nueva flota de transporte público de la capital ecuatoriana.

A la salida de la diligencia, el alcalde defendió la legalidad del convenio para la adquisición de las unidades de transporte, firmado con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), organismo con el que el Municipio canalizó la compra.

“Esto me parece un bochorno internacional”, afirmó Muñoz, al rechazar la posibilidad de que se investigue un presunto peculado en una operación ejecutada con una agencia del sistema de Naciones Unidas.

El alcalde sostuvo que su participación se limitó a la firma de un memorando de entendimiento en el marco de un mecanismo de cooperación internacional que, según dijo, está respaldado por la Constitución y por tratados vigentes.

También cuestionó el informe de la Contraloría y aseguró que contiene “un conjunto de vulneraciones” y que “prácticamente no se entiende nada de lo que ha señalado ahí”.

La investigación se centra en la adquisición de 60 trolebuses eléctricos que ya están en funcionamiento y forman parte de la estrategia municipal para modernizar el sistema de transporte de Quito, ciudad de casi tres millones de habitantes cuya flota tenía más de 30 años de operación.

Según el Municipio, el proyecto ya dejó más de 25 millones de viajes realizados, un ahorro superior a seis millones de dólares y, según las autoridades, evitará la emisión de ocho mil 640 toneladas de dióxido de carbono al año.

La administración municipal sostiene, además, que la compra priorizó la mejor oferta económica y que, mediante el acuerdo con Unops, se logró un ahorro de 27 mil 784 dólares por unidad, además de asistencia técnica internacional, certificación de talleres y capacitación para el mantenimiento de los vehículos.

El abogado de Muñoz, Carlos Soria, dijo que, a su juicio, la Contraloría no ha logrado sustentar indicios de responsabilidad penal y atribuyó la causa a una interpretación errónea sobre el funcionamiento de los convenios de cooperación internacional.

Muñoz, que pertenece al movimiento político opositor Revolución Ciudadana, insistió en que no existe fundamento para una acusación de peculado y afirmó que el proceso presenta “ribetes de persecución política”.

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