En una tensa sesión celebrada en la noche del lunes, el Congreso Nacional (Parlamento) aprobó someter a juicio político a Zelaya por casos asociados al proceso electoral de 2025, y lo suspendió del cargo de manera temporal.

La decisión se tomó luego de que el pleno del Legislativo alcanzara más de 86 votos (de un total de 128 diputados) con el respaldo de los partidos Nacional (PN) y Liberal (PL), las dos fuerzas tradicionales de derecha, y el rechazo del ahora opositor Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda).

La suspensión del titular del Ministerio Público (Fiscalía) se mantendrá mientras se desarrolla el proceso de investigación, conforme a lo establecido en la normativa, que también contempla la integración de la citada comisión especial encargada de analizar las pruebas y emitir un dictamen.

Tras conocerse la resolución, el fiscal general aseguró que enfrentará el procedimiento con tranquilidad.

“Al pueblo hondureño y a la comunidad internacional les informo que recibo el inicio del juicio político en mi contra con serenidad y con la tranquilidad de haber actuado conforme a la ley”, expresó Zelaya en su cuenta de la red social X.

“En apego a la Constitución de la República, compareceré ante el Congreso Nacional de frente cuando el pleno me convoque, para exponer la verdad y aclarar, uno a uno, los señalamientos que se han realizado, siempre con objetividad y respeto al marco legal”, añadió.

En su mensaje, sostuvo que no teme al proceso. “No tengo miedo. Tengo fe, tengo principios y tengo el compromiso de seguir adelante, con dignidad y lealtad al pueblo hondureño”, manifestó.

La denuncia presentada contra el titular de la Fiscalía lo acusa de actuaciones contrarias a la Constitución, así como de negligencia, incapacidad e incompetencia en el ejercicio del cargo, especialmente en el contexto de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

El documento también señala presuntas acciones del Ministerio Público que habrían afectado la autonomía de instituciones como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, además de otras actuaciones consideradas irregulares.

Este caso generó fuertes reacciones en el ámbito político, con sectores que respaldan la medida como un paso contra la impunidad, mientras otros la califican como una acción con motivaciones políticas.

La bancada de Libre advirtió que este tipo de decisiones marcan el inicio de un escenario peligroso para Honduras, con riesgos de retrocesos democráticos y posibles intentos de concentración de poder.

“Ya tienen de manera ilegal la Presidencia y el Congreso y ahora van a ir también por el control del Poder Judicial y la Fiscalía de la República”, denunció el exmandatario y líder de Libre, Manuel Zelaya, en alusión al bipartidismo encarnado por nacionalistas y liberales.

“No queremos otra dictadura en Honduras”, sentenció Zelaya, quien en 2009 fue derrocado por un golpe de Estado consumado por el PN y sectores del PL.

Tras 12 años y siete meses de gobiernos nacionalistas, Libre asumió en 2022 la presidencia de este país centroamericano de la mano de Xiomara Castro, cuyo mandato concluyó en enero pasado.

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