En declaraciones al programa televisivo La Notificación, citado por Informe Pastrán, el presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Energía, José Antonio Castañeda, explicó que esta medida, vigente desde 2022, responde a una decisión política orientada a proteger la economía familiar y nacional.

El funcionario señaló que la política fue impulsada por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, en un contexto de fuerte incremento de los precios del petróleo a nivel mundial.

“Para evitar impactos en la economía y en las familias, nuestro gobierno decidió congelar los precios”, afirmó Castañeda, al destacar que en 2022 el barril llegó a superar los 120 dólares y actualmente vuelve a registrar niveles elevados debido a tensiones geopolíticas.

La medida abarca la gasolina, el diésel —clave para el transporte de carga y pasajeros—, así como el gas licuado en cilindros para uso doméstico, lo que permite estabilidad en los costos tanto para los hogares como para los sectores productivos.

Según el titular del ente regulador, esta política facilita la planificación presupuestaria, reduce la incertidumbre ante posibles incrementos semanales y evita que las alzas internacionales se trasladen al costo de vida y de producción.

Asimismo, subrayó que Nicaragua mantiene precios favorables en comparación con otros países, a pesar de no ser productor de petróleo ni contar con grandes refinerías.

Al ser consultado sobre la continuidad del subsidio en el actual escenario internacional, Castañeda aseguró que el Ejecutivo mantiene su voluntad de sostener esta política, con el objetivo de resguardar a la economía nacional de los impactos externos.

El funcionario calificó la medida como parte de una estrategia energética y económica centrada en la protección social, al tiempo que destacó que la estabilidad de precios ha contribuido al control de costos en la cadena productiva y al bienestar de las familias nicaragüenses.

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