El análisis del tema en el pleno del legislativo se produjo dos años después del caso de Paola Roldán, una ecuatoriana con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que impulsó ante la Corte Constitucional la despenalización del procedimiento y falleció en 2024 antes que el organismo autorizara el procedimiento.

El proyecto, preparado por la Comisión de Salud, contiene 51 artículos y plantea una ruta legal para aplicar la eutanasia, con el argumento de dar mayor seguridad jurídica a pacientes, familiares y personal médico.

Durante la sesión de este martes, el presidente de esa mesa legislativa, Juan Reyes, recordó que la iniciativa nace del fallo constitucional y señaló que, aunque ya existe un reglamento administrativo, ahora se busca contar con una ley específica.

La propuesta fija como condiciones para acceder al procedimiento ser mayor de edad, tener capacidad para expresar una voluntad libre, informada e inequívoca, padecer una enfermedad grave e incurable o una lesión corporal grave e irreversible, y experimentar un sufrimiento intenso derivado de esa condición.

También exige que la persona haya recibido información suficiente sobre su diagnóstico, pronóstico, alternativas terapéuticas, riesgos y cuidados paliativos, y que sea ecuatoriana o tenga residencia permanente en el país.

El borrador del texto legal reconoce la eutanasia voluntaria, cuando el paciente expresa directamente su decisión, y la anticipada, que permitiría dejar por escrito esa voluntad para que pueda aplicarse si la enfermedad avanza y la persona ya no puede decidir en ese momento.

En el debate, legisladores de distintas bancadas coincidieron en que la discusión no debe centrarse en creencias religiosas o posturas ideológicas, sino en la dignidad humana y en la necesidad de regular una realidad ya reconocida por la justicia constitucional.

La legisladora oficialista María Molina afirmó que, en los últimos meses, 16 personas en Ecuador han pedido información sobre cómo acceder a la eutanasia.

Desde la oposición, Cristina Jácome, de Revolución Ciudadana (RC), sostuvo que el debate también debe incluir la responsabilidad estatal de garantizar medicamentos, médicos y cuidados paliativos oportunos, al advertir que muchos pacientes llegan tarde a diagnósticos o tratamientos.

La también parlamentaria de la RC Viviana Veloz planteó que el texto todavía requiere ajustes, entre ellos en los controles posteriores al procedimiento y en algunos trámites que consideró excesivamente burocráticos.

Tras casi dos horas de discusión, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, dispuso que el proyecto regrese a la Comisión de Salud para incorporar observaciones antes de su segundo y definitivo debate, en el que el pleno deberá decidir si aprueba o no la ley.

ool/avr