“El objetivo es erradicar el feminicidio en México, que ninguna mujer muera en manos de nadie por el solo hecho de ser mujer y que nunca más un feminicidio sea catalogado como suicidio, culpando a la propia mujer de una muerte violenta”, afirmó la mandataria.

Al destacar la importancia de este proyecto durante su habitual encuentro con medios de comunicación, la jefa del Ejecutivo precisó que todos los estados del país deberán modificar sus legislaciones acorde a la normativa, pues se trata de una Ley General.

Entre los cambios de la norma, resaltó que el Ministerio Público está obligado a investigar, de inicio, cualquier muerte violenta de una mujer como feminicidio, y la implementación del turno continuado para garantizar la investigación ininterrumpida, además de mecanismos de prevención.

La fiscal general, Ernestina Godoy, detalló que para atender la violencia feminicida se requiere una reforma al inciso A de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, lo cual facultará al Congreso para expedir la normativa y que este delito se clasifique como tipo penal homologado.

Según refirió, se reconocerán nueve razones de género, como signos de violencia sexual, antecedentes de violencias, delito motivado por estereotipos o prejuicios y la existencia de relaciones de poder.

El proyecto establece una pena de 40 a 70 años de prisión y sanciona la tentativa con pena de prisión de entre la mitad y las dos terceras partes, además de una multa.

También se constituyen 21 agravantes, entre ellas, que la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor o que viva con alguna discapacidad; que se encuentre en situación de movilidad, o que el delito se cometa frente a hijas o hijos.

Mencionó que este ilícito se investigará y perseguirá de oficio, y la acción penal, la sanción y la reparación del daño serán imprescriptibles, a lo cual se suma que la persona responsable perderá derechos sucesorios, la patria potestad de hijos, así como la tutela, curatela, guarda y custodia.

El individuo, además, será destituido e inhabilitado para el desempeño de cualquier cargo público.

Según la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez, la Ley articula los derechos de las víctimas y sus familias, como acceso a la verdad y la justicia, y atención médica y psicológica de urgencia para sobrevivientes y víctimas indirectas.

También asistencia jurídica especializada y gratuita; seguridad social para niñas, niños y adolescentes en orfandad; restitución o entrega del cuerpo de manera digna, respetuosa y asistida, así como servicios de traducción e interpretación.

Por otro lado, mandata que en plataformas digitales no puede haber imágenes de las víctimas, según apunta un comunicado de la Presidencia.

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