Desde hace casi una década esa norma sigue sin hacerse cumplir, pues el área encargada del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda no cuenta con personal ni las herramientas para fiscaliza, expuso el diario Prensa Libre.

Los operativos para verificar la instalación de limitadores de velocidad han sido mínimos: apenas entre cuatro y cinco desde el 2 de marzo último, fecha en que venció el plazo para instalarlos, expresó el director general de Transportes, Mynor González, citado en el reporte.

El funcionario argumentó que trabajan con una programación que incluye distintos tipos de controles, lo que ha limitado las acciones específicas para supervisar el cumplimiento de esta Ley.

Atribuyó la baja cantidad de sanciones (únicamente 15 multas) a la falta de personal en carreteras, solo cuentan con solo 11 inspectores para supervisar un parque vehicular que supera los 21 mil autobuses y más de 256 mil vehículos de transporte pesado.

González también admitió una limitación estructural importante: que parte de las contrataciones no tienen facultades legales para sancionar. La creación de nuevas plazas requiere procesos administrativos complejos que involucran a varias dependencias del Estado, expuso.

La Unidad de Protección Vial, pese a contar con 375 brigadas en carreteras, tampoco tiene facultad legal para imponer multas, comentó otra fuente.

El defensor de usuarios del transporte colectivo de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Edgar Guerra, añadió que, aunque detecten irregularidades como exceso de velocidad o falta de limitadores, no pueden sancionar.

Dependen de la dirección general de Transportes, que sí tiene la facultad, pero carece de personal suficiente, amplió.

Señaló la debilidad de esa estructura durante más de 20 años, con falta de personal y capacidad, por lo cual actualmente “su control es muy limitado frente a la magnitud del transporte en el país”.

Guatemala estableció la norma sobre limitadores de velocidad en el 2016, la reglamentó en 2019 y prorrogó sucesivamente hasta este año, sin lograr aplicarla efectivamente y con el sector de transportistas en protesta porque se derogue.

La situación de los accidentes de tránsito, sin embargo, resulta grave y se encuentra en una tendencia al alza, con datos que muestran en los primeros meses de 2026 un panorama crítico en comparación con años anteriores.

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