Considerada como una normativa urgente para devolver la confianza de los aficionados en el deporte más popular del país, necesitó casi una década en el organismo legislativo hasta ver la luz.

Entre las principales modificaciones que aporta el nuevo texto legal figura el fin de la multipropiedad, es decir que una misma persona o entidad no podrá tener participación en más de un club.

Establece, además, la separación de la Asociación Nacional del Fútbol Profesional (ANFP) de la Federación de ese deporte, otorgando a cada una diferentes funciones.

La ANFP gestionará los campeonatos profesionales, mientras la Federación tendrá a su cargo las selecciones nacionales.

A partir de la promulgación de la ley, los agentes o representantes de los jugadores tendrán prohibido poseer acciones o ejercer cargos directivos en los equipos.

Un punto destacado es que se conocerá por fin quién, o quiénes, son los principales propietarios pues cada club estará obligado a identificar al beneficiario final de las ganancias obtenidas.

Por otra parte, la fiscalización pasa del Ministerio de Justicia al Instituto Nacional de Deportes, que debe recibir reportes financieros a cada semestre.

Ante operaciones sospechosas, las SADP deberán informar a la Unidad de Análisis Financiero, una entidad estatal descentralizada.

Durante el debate final en la Cámara de Diputados hubo consenso sobre la necesidad de ordenar la actividad futbolística, para evitar la opacidad, irregularidades y conflictos de interés.

La iniciativa se presentó al Congreso en 2016 y sólo queda pendiente su promulgación por el Presidente de la República.

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