La alcaldía atribuyó la decisión a la Ley que reformó el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), normativa vigente desde febrero que regula el presupuesto de las administraciones locales.

La suspensión de la cita literaria abrió un debate este miércoles entre autoridades locales, el Gobierno central y el sector editorial

Según el municipio de Quito, la Ley redefine los criterios de gasto y restringe el uso de recursos en partidas como “espectáculos culturales y sociales”, lo que vuelve inviable financiar eventos de gran escala, pese a contar con un presupuesto aprobado de 416 mil 262 dólares

El alcalde de la urbe, Pabel Muñoz, sostuvo que la decisión no responde a falta de recursos ni de voluntad política, sino a una “consecuencia directa” de la Ley, que prioriza la inversión en infraestructura y servicios públicos.

Desde el sector editorial, la Cámara Ecuatoriana del Libro advirtió que la cancelación impacta de forma directa en la industria y en el acceso a la lectura.

Desde el Gobierno central, la viceministra de Cultura, Romina Muñoz, responsabilizó al Municipio de Quito por la suspensión de la Feria y cuestionó que se atribuya la cancelación a la reforma legal.

“No transparentar las verdaderas motivaciones de la suspensión de la Feria Internacional del libro de Quito es una muestra más del descaro de sus organizadores”, afirmó.

La funcionaria sostuvo que el Municipio cuenta con un presupuesto cercano a mil millones de dólares y que, por ley, unos 90 millones deben destinarse a competencias culturales.

La polémica Ley, defendida por el Ejecutivo, enfrenta una serie de demandas en la Corte Constitucional en un contexto en el que se debate el equilibrio entre disciplina fiscal y autonomía local.

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