En un comunicado difundido este miércoles, el Ministerio de Defensa aseguró que la intervención se realizó en el marco de la fase denominada Ofensiva Total, efectuada con apoyo de Estados Unidos contra estructuras del crimen organizado transnacional vinculadas al grupo Comandos de la Frontera.

Según la versión oficial, durante la operación hallaron evidencias de actividades ilícitas, entre ellas un fusil semiautomático y municiones, y detuvieron a cuatro colombianos presuntamente ligados a ese grupo armado, tras labores de inteligencia coordinadas con la parte estadounidenses.

La institución negó que el sitio intervenido correspondiera a una finca productiva.

“Se aclara que el lugar intervenido no correspondía a una granja lechera, ya que en el sector no existía presencia de ganado ni actividad productiva de ese tipo”, indicó el Ministerio y añadió que el área fue asegurada para evitar daños colaterales.

Asimismo, recordó que la franja de 40 kilómetros en la frontera es considerada zona de seguridad del Estado, donde no están permitidas construcciones no autorizadas.

El pronunciamiento se produce luego de que el diario estadounidense The New York Times publicara una investigación basada en testimonios locales que sostienen que el objetivo del ataque habría sido una finca dedicada a la producción lechera en la provincia amazónica de Sucumbíos.

De acuerdo con esos relatos, el predio contaba con infraestructura agrícola y ganado, y no tendría vínculos con actividades ilícitas.

El reportaje también recoge denuncias de habitantes que aseguran que, días antes del bombardeo del 6 de marzo, militares ingresaron al lugar, realizaron interrogatorios y posteriormente destruyeron las instalaciones, antes de que el ataque fuera difundido como un golpe contra el narcotráfico.

Mientras tanto, la organización Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos presentó denuncias ante la Fiscalía y organismos internacionales, incluida la ONU, por lo ocurrido.

Frente a estas versiones, el Ministerio de Defensa reiteró su disposición a investigar cualquier posible vulneración de derechos humanos, aunque insistió en que la operación respondió a amenazas concretas contra la seguridad del país.

Según el comunicado, en esa zona se habrían planificado acciones criminales vinculadas a hechos graves, como el asesinato de 11 militares ecuatorianos y un ataque armado contra personal de inteligencia que dejó un fallecido y varios heridos.

El Gobierno también señaló que alias Mono Tole, cabecilla vinculado a esas estructuras y buscado por autoridades de Ecuador y Colombia, utilizaba esa zona como área de descanso.

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