Una representación de ese colectivo se reunió con la ministra de Defensa, Sandra Lazo y transmitió tal preocupación al Ejecutivo.

Según Ignacio Arrandonea, miembro de la asociación, la ministra “se comprometió” a buscar más información, contestar las solicitudes de acceso y colaborar en todo lo que pueda para avanzar en el tema».

Arrandonea expresó porque a un año de la actual gestión, “se ha avanzado muy pero muy poco” en el acceso a la información para la búsqueda de los detenidos desaparecidos.

Acotó que aunque la titular de Defensa firmó una resolución que encomienda a las Fuerzas Armadas garantizar el “acceso irrestricto” de la Institución Nacional de Derechos Humanos a los archivos militares, “la institución tiene que saber dónde están los archivos para poder acceder a ellos”.

Subrayó que es el “ministerio, la máxima autoridad, la ministra” quien debería proporcionar el paradero de esa documentación.

Quien debería proporcionar la ubicación de los archivos “es el ministerio, la máxima autoridad, la ministra”, enfatizó.

“Una de las cosas que planteamos es la necesidad de que el ministerio tenga un rol más activo y exija a las Fuerzas Armadas que entreguen toda la información, no solo la que sabemos que existe, sino la que poseen”, expresó.

Sobre el reclamo de que el presidente Yamandú Orsi, dé una “orden formal” a las Fuerzas Armadas para que entreguen información sobre los detenidos desaparecidos, Errandonea dijo que “ya pasó un año y las señales son pocas”. “Hasta el día de hoy estamos esperando”, añadió.

La asociación de Madres y Familiares insistió en la solicitud sobre la suspensión de los cobros de pensiones desde el exterior de militares que están prófugos de la Justicia por crímenes cometidos durante la dictadura.

“Siguen prófugos de la Justicia uruguaya, financiados para estar prófugos por el propio Estado uruguayo”, fustigó Errandonea.

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