A petición del Ejecutivo, la Asamblea introdujo el voto con dispensa de trámite y la ampliación fue adoptada por 56 diputados a favor y uno en contra del partido Vamos, representado en el foro por la diputada Claudia Ortiz o la suplente Cesia Rivas.

La medida estará vigente desde el 1 de abril y durante 30 días, y según las autoridades, presentarán su prórroga hasta que sea capturado “el ultimo pandillero”.

La normativa comenzó luego que a finales de marzo de 2022, grupos de pandillas asesinaron a más de 80 personas en un fin de semana, lo que llevó al gobierno a una respuesta que hasta ahora descabezó a los grupos delincuenciales y envió a la cárcel a cerca de 92 mil presuntos integrantes o colaboradores de las llamadas maras.

Recientes declaraciones del vicepresidente Félix Ulloa cierran cualquier duda sobre la permanencia de la norma. “¿Cuándo vamos a quitarlo? ¿Cuándo lo pida la ONU, Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales o cuando lo pida el pueblo salvadoreño?”.

Según críticos, la popularidad del gobierno de Bukele está cimentada en la aprobación de un régimen de excepción que redujo drásticamente la criminalidad mediante la detención y procesamiento masivo de personas integrantes de pandillas.

Ahora, a cuatro años de su vigencia, solo el pueblo puede variar el rumbo, aunque es difícil que en la vuelta a las urnas en febrero de 2027, Bukele salga por la puerta de atrás de la Casa Presidencial.

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