Mediante un comunicado, los alumnos defensores de la voluntad y autonomía de ese centro público señalaron que las actuales autoridades, encabezadas por el rector Walter Mazariegos y el Consejo Superior con periodos vencidos, actúan como juez y parte en el proceso.

Utilizan maniobras y argucias legales, pretenden desconocer los resultados de las urnas, al bloquear la emisión de acreditaciones con la instrumentalización de la opinión no vinculante que emite la Dirección de Asuntos Jurídicos, describieron. Rechazaron esa forma selectiva y arbitraria que busca validar únicamente a cuerpos afines a Mazariegos, mientras excluyen a la oposición legítimamente seleccionada.

Sin estas acreditaciones, ampliaron, se impide la participación de los electores en el proceso final, lo cual vulnera directamente la democracia universitaria y el derecho de estudiantes, docentes y egresados.

Exigieron la acreditación inmediata de todos los cuerpos de oposición y llamaron a estos electores a mantener la firmeza de principios.

La comunidad universitaria espera un voto digno, coherente y frontal contra las estructuras que han socavado nuestra autonomía. La confianza depositada en las urnas no es negociable, advirtieron.

Anoche, durante una sesión virtual, el Consejo Superior de la Universidad San Carlos de Guatemala acreditó a siete cuerpos electorales de 34 vigentes para la definición del rector para el periodo 2026-2030, de los que seis se consideran afines a Mazariegos. Del total ya conformados (cada una se integra por cinco representantes), 21 pertenecen a sectores contrarios a la actual administración de la casa de altos estudios, mientras que ocho son cercanos a las autoridades, según la prensa local.

A Mazariegos se le cuestiona principalmente por la legitimidad del proceso del 2022, que conllevó a que el Campus Central y varios centros regionales estuvieran cerrados por más de 380 días como protesta.

Las instalaciones fueron entregadas paulatinamente a mediados de 2023, bajo una fuerte presión legal y amenazas de desalojo por parte del Ministerio Público.

El ente investigativo, en lugar de abordar el fraude, presentó a Mazariegos como víctima de los estudiantes y catedráticos que protestaron contra él y promovió el caso “Toma de la Usac: Botín de Guerra”.

Organizaciones sociales explicaron que la gestión del rector sirvió para “alinear” a la universidad con los intereses de grupos políticos externos, perdiendo su esencia crítica y autónoma.

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