El ministro del Interior, John Reimberg, anunció este jueves que la medida finalizará en la madrugada del 31 de marzo, a las 05:00 (hora local), tras descartar una prórroga de otros 15 días o su ampliación a nuevas provincias.

“El toque de queda no se va a extender, pero sí puedo decir (…) tenemos todas las herramientas necesarias para operar en distintas partes del país”, dijo Reimberg al canal TC Televisión.

La restricción, que rige entre las 23:00 y 05:00, se mantiene en Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas como parte de las acciones del estado de excepción.

El ministro aseguró que, pese al fin de la medida, continuarán los operativos contra el crimen organizado y sus estructuras financieras en todo el país.

“En el momento de requerir algún toque de queda, si fuera el caso, en alguna otra provincia, sé que vamos a contar con eso”, señaló.

Reimberg también confirmó intervenciones en sectores específicos como la isla Mocolí, en Samborondón, provincia de Guayas, dentro de la estrategia de control territorial.

Según datos oficiales, durante la primera semana del toque de queda más de mil personas fueron detenidas, en su mayoría por incumplir la restricción de movilidad.

Durante el periodo han existido irregularidades, como un caso de presunta extralimitación en el uso de la fuerza en el cantón Milagro, donde un operativo militar no autorizado derivó en actos de tortura con descargas eléctricas y la muerte de una persona el 16 de marzo.

Pese a estos incidentes, el Gobierno sostiene que la estrategia de seguridad para 2026 se enfocará en debilitar las economías criminales más allá de la aplicación de toques de queda.

El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas expresó una “profunda preocupación” por el contexto de seguridad que vive hoy Ecuador, marcado por militarización, estados de excepción y presuntas violaciones de derechos humanos.

Según un informe del organismo, divulgado este miércoles en medios locales, las medidas adoptadas por el Estado ecuatoriano frente a la creciente violencia podrían generar riesgos adicionales para la población.

El Comité instó a las autoridades a abandonar el enfoque militarizado de la seguridad pública debido a que incrementan riesgos como las desapariciones forzadas.

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