La decisión fue comunicada tras la reunión del Comité Ejecutivo, donde la presidenta del organismo, Kirsty Coventry, confirmó que la medida no tendrá carácter retroactivo y se aplicará en todos los eventos bajo jurisdicción olímpica.

Esta normativa establece que la elegibilidad en pruebas femeninas quedará determinada por una única prueba genética basada en la detección del gen SRY, marcador asociado al desarrollo biológico masculino. En consecuencia, solo quienes presenten un resultado negativo podrán competir en dicha categoría.

El organismo precisó que esta política será de aplicación universal, abarcando tanto disciplinas individuales como deportes colectivos, en un intento por unificar criterios tras años en los que cada federación internacional fijaba sus propias reglas.

Este cambio supone un giro respecto a las directrices emitidas en 2021, cuando el COI delegó en las federaciones deportivas la regulación de la participación de atletas transgénero. Sin embargo, la aparición de nuevos estudios científicos y casos mediáticos reavivaron el debate sobre la equidad competitiva en el deporte femenino.

Entre los antecedentes que alimentaron la discusión figuran la participación de la halterófila neozelandesa Laurel Hubbard en los Juegos Olímpicos de Tokio, así como las controversias en torno a la boxeadora argelina Imane Khelif.

La política contempla excepciones limitadas para atletas con condiciones poco frecuentes, como el Síndrome de Insensibilidad Completa a los Andrógenos u otras diferencias del desarrollo sexual, siempre que no exista ventaja derivada de la testosterona.

Con esta decisión, el COI busca establecer un marco uniforme que, según sus dirigentes, garantice la protección de la categoría femenina, en medio de un debate global que sigue dividiendo opiniones dentro y fuera del ámbito deportivo.

jha/blc