En la sesión ordinaria de este jueves, los parlamentarios de ambas bancadas analizaron en profundidad cada uno de los apartados y sus epígrafes, como establece el Reglamento Interior y de Debates del órgano.
Nuevamente el presidente de la Comisión de Energía y Petróleo del legislativo, Orlando Camacho, propuso a los diputados diferir la discusión del anteproyecto de ley al considerar necesario “seguir revisando temas» y escuchar a la gente para lograr un instrumento jurídico robusto.
Los legisladores avanzaron la semana pasada en la aprobación de los primeros 12 artículos que establecieron principios sobre el derecho de propiedad de los yacimientos que recae, según el tres, solo en la República y considera los depósitos “bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles”.
Asimismo, el cuarto, estipula que la gestión y rectoría de los recursos minerales competen solo al Gobierno nacional a través de la cartera correspondiente, mientras el cinco determina los sujetos autorizados a la explotación de los minerales.
Este jueves, los parlamentarios debatieron y aprobaron el número 24, el cual propone la creación del Fondo Nacional Minero con el propósito de obtener los recursos destinados a proyectos sociales y económicos para el desarrollo de las áreas de actividad minera.
El artículo 36 estuvo referido a los minerales radioactivos que, por razones de interés público, reserva solo al Estado la potestad de la actividad primaria, su aprovechamiento, beneficio y comercialización.
Otro articulado aprobado con proyección en la defensa de la soberanía fue el 37 que otorga al Banco Central de Venezuela la preferencia para adquirir el oro que produzca el país.
El pasado 19 de marzo, Camacho anunció que el Proyecto de la Ley Orgánica de Minas contaba con 19 capítulos, 126 artículos, tres disposiciones transitorias, dos disposiciones derogatorias y una disposición final.
En la jornada la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad en la segunda discusión el Proyecto de Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos, que tiene por objetivo agilizar los servicios de la actividad pública con la eliminación de gestiones burocráticas.
Este texto dispone de 30 artículos, disposiciones y derogatorias, y obliga a las entidades de la administración pública a introducir las nuevas tecnologías que contribuyan a optimizar los procesos y acelerar los trámites en los asuntos de su competencia, en un periodo no mayor a 180 días.
Ambos proyectos de ley fueron propuestos por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, siendo este último un viejo reclamo de la sociedad venezolana como se planteó durante su discusión.
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