Por Jorge Petinaud Martínez

Corresponsal jefe en Bolivia

En una jornada en que miles de personas se desplazaban a pie por las calles paceñas mientras conductores de motocicletas convertían esos vehículos en taxis en busca de rédito, el gremio paceño impuso este miércoles esa medida de fuerza para exigir la dimisión del ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, y del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Aky.

“Queremos la renuncia del ministro de Hidrocarburos y también del presidente de YPFB por el incumplimiento con nosotros y la burla que han hecho al sector del transporte”, advirtió el dirigente Santos Escalante ante la prensa.

Varios líderes de este sector alertaron en sus declaraciones que el paro de 24 horas podía pasar a ser indefinido si no eran atendidas las exigencias por el presidente boliviano, Rodrigo Paz, pues descartaron volver a dialogar con Medinaceli y Akly.

Según los transportistas, suman más de cinco mil los vehículos cuyos motores quedaron seriamente afectados por el carboncillo y otros residuos contaminantes del denominado “combustible basura”.

De su lado, YPFB informó que destinó un seguro para resarcir los daños; sin embargo, los choferes denuncian que hasta ahora se incumple el resarcimiento de los altos costos necesarios para reparar los motores de sus medios de trabajo y de sustento a su familia.

La empresa estatal informó la víspera que ya destinó más de un millón de bolivianos (unos 100 mil dólares) a compensar las pérdidas de unos mil trabajadores perjudicados por el hidrocarburo contaminante.

Desde el Gobierno, el canal estatal de televisión Bolivia TV difundió una carta en que se invitaba para la noche de este miércoles a los líderes del gremio paceño a una reunión en la sede de YPFB con Medinacelli, Akly y el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.

Mas, el ejecutivo de la Federación Departamental del Transporte Libre de La Paz, Limber Tancara, respondió que la postura del Gobierno representa una afectación directa a su sector y por ello se tomó la determinación de reforzar el paro.

“Este movimiento es porque existe un daño al transportista. Es por eso que estamos en las calles; por eso nosotros ofrecemos a la población mil disculpas, pero en este momento estamos entrando ya en un paro indefinido a nivel departamental”, ratificó.

Reclamó la calidad de los combustibles a tenor de que la denominada “gasolina basura” sigue afectando a los motorizados según expresó, además de que se resuelvan las dificultades para la compensación mediante el sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), a través del cual no se ha recibido todavía el resarcimiento prometido.

A la par, Tancara insistió en que persiste la demanda de que renuncien las autoridades ya mencionadas.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, descartó una reunión con el presidente Paz, y ante ello los gremialistas anunciaron en el canal RTP una contrapropuesta.

La iniciativa consiste en esperar este jueves a las 11:00 hora de Bolivia en la sede del gremio a una comisión de ministros facultados para tomar decisiones sobre las exigencias planteadas.

En este contexto, la población aboga porque se llegue a un acuerdo que restablezca la movilidad en la capital política del país, después de un miércoles en que se vio caminar desde horas de la madrugada a muchos que intentaban llegar a sus fuentes de sustento, y durante todo el día persistieron largas filas en las estaciones del transporte por cable Mi Teleférico, que amplió su horario de atención.

Al referirse al tema, el derrotado excandidato presidencial en los comicios generales de 2025 y principal aliado del Ejecutivo de Paz, Samuel Doria Medina, recordó que el problema de la gasolina que ahora emerge con el paro del transporte paceño tiene una historia de varios meses.

“Comienza con un hecho que todos consideramos un delito (culposo o doloso, habrá que ver), la importación de gasolina con exceso de goma, o gasolina vieja y mal conservada”, escribió en su cuenta de X.

Agregó Doria Medina que se requiere una identificación clara de los responsables de esta importación, “un informe sincero sobre su alcance y, muy importante, se necesita la sanción de los responsables”.

“Si fue un sabotaje, hay que demostrarlo con pruebas y detenidos. Que ya no pase más tiempo. Que se muestre lo que pasó y se sancione a quienes actuaron mal (…)”, reclamó el político, líder de la Alianza Unidad, con representación parlamentaria nacional.

Mientras tanto, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, los miembros de la bancada opositora Libre, segunda fuerza política del país, dieron un plazo de 24 horas para la renuncia del ministro Medinaceli, y advirtieron que de no ser escuchados iniciarán un proceso penal por daño al Estado-

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