La medida, al parecer, prevé la posibilidad de que el exmandatario sea liberado por alguna de las apelaciones contra la condena vigente, y debe afrontar un segundo juicio por acusaciones de organización criminal agravada, tráfico de influencias y colusión.

La decisión alega la posibilidad de que Castillo fugue y obtenga asilo en el exterior, como hizo quien fue su primera ministra, Betssy Chávez, quien estaba en libertad condicional cuando fue sentenciada a la misma pena aplicada a Castillo.

Antes del fallo, Chávez obtuvo asilo político otorgado por México y desde entonces permanece en la residencia de la embajada de ese país, donde permanece desde noviembre de 2025, sin que el Gobierno peruano le otorgue el salvoconducto.

De otro lado, el Poder Judicial, a pedido del Ministerio Público amplió por 20 meses, hasta agosto del próximo año, el plazo de la investigación preparatoria de los cargos contra Castillo pendientes.

El abogado d e Castillo, Luis Medrano, dijo que carece de sustento el argumento de la Fiscalía de que hay riesgo de fuga del exmandatario preso desde diciembre de 2022 y desestimó el alegato de que el acusado cuenta con un “entorno internacional favorable”.

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