La acción es encabezada por la Policía Federal (PF), junto con la Secretaría Nacional del Consumidor (Senacon) y la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), ente regulador del sector energético.

El operativo, denominado Vem Diesel, se desarrolla simultáneamente en 11 estados y en el Distrito Federal, y forma parte de un grupo especial creado por el Gobierno para supervisar el mercado de combustibles.

Las autoridades buscan identificar prácticas consideradas ilegales, como aumentos injustificados en los precios en las estaciones de servicio o acuerdos entre empresas competidoras para fijar valores, lo cual podría limitar la libre competencia.

De acuerdo con la PF, también se investigan posibles conductas abusivas que puedan perjudicar directamente a los consumidores.

En ese sentido, precisó que cualquier indicio de delitos económicos, tributarios o contra las relaciones de consumo será objeto de pesquisas formales.

Un balance oficial divulgado la víspera por los ministerios de Justicia y de Minas y Energía indica que, desde el 9 de marzo, han sido inspeccionadas más de tres mil estaciones de servicio y 236 empresas distribuidoras en todo el territorio brasileño.

En paralelo, la ANP fiscalizó a 342 agentes regulados, incluidos 78 distribuidores, y detectó indicios de irregularidades en 16 casos, por los cuales fueron levantadas actas de infracción.

Según la Senacon, citada por la Agencia Brasil, en una de las investigaciones se identificaron señales de un incremento de hasta 277 por ciento en el margen bruto del diésel, lo que refuerza las sospechas de prácticas abusivas en la cadena de comercialización.

Las empresas señaladas, entre ellas Alesat, Ciapetro, Flagler, Ipiranga, Masut, Nexta, Phaenarete, Raízen, Royal Fic, SIM Distribuidora, Stang, TDC y Vibra Energia, enfrentan ahora procesos administrativos por parte del regulador.

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