A través de su cuenta en la red social X, Mejía se refirió a la destitución por el Parlamento, el pasado miércoles, del fiscal general de la República, Johel Zelaya, y a la renuncia presentada ese mismo día por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel, bajo presión de la cámara legislativa.

En una suerte de purga, el órgano unicameral, dominado por los derechistas partidos Nacional (PN) y Liberal (PL), cesó a Zelaya mediante un juicio político y forzó la dimisión de Ráquel, ante la inminente amenaza de ser sometida al mismo procedimiento.

“Por qué tanto silencio ante lo que sucede. Acaso no vieron el esperpento en lo que se convirtió el juicio político que promovieron”, interpeló el jurista sobre el papel del CNA, una de las organizaciones de la llamada sociedad civil que más presionó a favor del enjuiciamiento del fiscal general.

El también defensor de los derechos humanos recordó a la directora del CNA, Gabriela Castellanos, una de sus publicaciones sobre el gobierno anterior de la expresidenta Xiomara Castro, bajo el título “Concentración de poder 2022-2026”.

Dirigiéndose a la mencionada instancia de sociedad civil, Mejía preguntó “si ya sabe cómo llamarle a lo que está pasando en este cogobierno”, en alusión al ejecutivo del derechista Partido Nacional, que gobierna en alianza con el también conservador Partido Liberal.

“Por qué tanto tacto para llamar las cosas por su nombre. Dónde está la contundencia con la que denunciaban antes”, requirió el conocido abogado.

Según su opinión, el silencio y la complicidad ante esta crisis institucional evidencia que, para ciertos medios de comunicación, analistas y entidades de sociedad civil, la defensa de la democracia solo se activa y es válida cuando está en el poder un partido político con el que no se simpatiza.

Desde hace semanas, la directora del CNA viene presionando para que se aplique el juicio político a varios funcionarios considerados afines al ahora opositor Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), al asegurar que es un “clamor” del pueblo hondureño.

La postura de la titular del organismo anticorrupción generó cuestionamientos por posibles intereses personales y por su silencio en casos del pasado relacionados con el Partido Nacional.

En ese contexto, la posición de Castellanos abre el debate sobre la coherencia y la selectividad en la lucha anticorrupción, describió recientemente la publicación digital Confidencial.

Para ese medio periodístico, ese tipo de actuaciones acrecientan las dudas sobre si tales exigencias responden verdaderamente a un interés institucional o a alineamientos personales, dentro de una coyuntura política marcada por tensiones y disputas de poder.

oda/edu