En conferencia de prensa, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, dio detalles acerca de los 132 mil 534 ciudadanos que continúan con estatus de no localizados y desaparecidos en el registro de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Mencionó que dos mil 356 corresponden a hechos que ocurrieron entre 1952 y 2005, la mayoría vinculados con el período de represión por parte del Estado.
Según agregó, de 2006 hasta ahora, totalizan 130 mil 178 los casos con estatus de desaparecidos, de los cuales 46 mil 742 (36 por ciento) no cuentan con datos como nombre, sexo, contexto o fecha y lugar de los hechos, lo que imposibilita la búsqueda.
Aun así, se mantienen el registro, puntualizó la titular, quien precisó que en cuanto a 40 mil 308 registros (31 por ciento) con datos suficientes para la búsqueda, se pudieron corroborar actividades posteriores a la desaparición, entre estas, matrimonios y cambios de domicilio.
Figueroa apuntó que actualmente la autoridad está en proceso de confirmar y formalizar su localización.
Refirió que 43 mil 128 personas (33 por ciento) presentan datos completos, pero “hasta el momento, y después de una búsqueda exhaustiva en registros administrativos, no se han encontrado aún coincidencias ni actividad posterior a la fecha del reporte de desaparición”.
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, abordó los avances de la aplicación de las reformas a las leyes en esta materia de julio del año pasado.
Detalló que, cuando una persona es reportada como desaparecida ante la Comisión Nacional de Búsqueda, una alerta con todos sus datos es distribuida de forma masiva e instantánea a la Fiscalía General de la República y las 32 fiscalías locales.
Además, a las 32 Comisiones Locales de Búsqueda, la Guardia Nacional, las Policías, y puntos estratégicos como aeropuertos, terminales de autobuses, empresas telefónicas y hoteles.
La funcionaria resaltó especialmente la obligatoriedad, luego de las modificaciones a las normativas, de que los reportes de desaparición incluyan la apertura de una carpeta de investigación en las Fiscalías.
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