La Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal calificó como un balde de agua fría esta nueva medida del Ejecutivo, presidido por José Antonio Kast, que no solo frena el desarrollo de las comunidades costeras, sino que mantiene las irregularidades de la normativa vigente.

A juicio del dirigente gremial Hernán Cortés, retirar el proyecto alcanzado durante la administración de Gabriel Boric es “darle respiración artificial” a la Ley Longueira, que beneficia a la gran industria y abre las puertas a muchos casos de corrupción.

A pesar de algunos avances, dijo Cortés, aún hay una parte importante de la cuota industrial que se asigna “a dedo” y no en base a licitaciones, en perjuicio de los pescadores artesanales e, incluso, de los ingresos económicos para el Estado.

Si el Gobierno saca las licitaciones contenidas en la nueva ley, le quita el financiamiento a la seguridad social, a las jubilaciones dignas para los pequeños pescadores y el bienestar de sus familias, lo cual aumentará la tensión y el malestar en ese sector, aseguró.

Un motivo particular de inquietud ante el eventual desmantelamiento de la Ley de Fraccionamiento es que los artesanales perderían el aumento de cuotas en algunas especies, como la merluza, que subió del 45 al 50 por ciento.

Detrás del retiro del proyecto legislativo está la intención de favorecer prácticas industriales, como la pesca de arrastre que causa daño al entorno marítimo, señalaron los grupos artesanales en un llamado a no bajar los brazos y defender sus derechos.

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