El lunes 23 de marzo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que las gasolinas aumentarían en promedio 370 pesos por litro (0,41 centavos de dólar) y el diésel lo haría en 580 (0,64), un incremento sin precedentes en la historia del país.

Hasta entonces, la subida del petróleo a nivel internacional era moderada aquí por el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), que preveía el uso de subsidios e impuestos para evitar que el golpe llegara directamente al consumidor.

Sin embargo, el Ejecutivo anunció que, ante la gravedad del conflicto en el Oriente Medio y la supuesta escasez de recursos fiscales heredada del gobierno anterior, era imposible utilizar el Mepco y las familias deberán asumir directamente el nuevo costo.

De esta manera, Quiroz, por medio de entrevistas grabadas con un pequeño número de cadenas de televisión y transmitidas de manera simultánea, informó de los aumentos, previstos para entrar en vigor el jueves 26.

A partir de las 00:00 horas de ese día las estaciones de servicio marcaron los nuevos precios que, en promedio son de mil 520 pesos (1,69 dólares) el litro de gasolina de 93 octanos; mil 580 la de 95 (1,76); mil 680 la de 95 (1,87) y el diésel a mil 500 (1,66).

Al mismo tiempo comenzaron las protestas, con cacerolazos nocturnos en diversas ciudades, incluida la capital, y el mismo jueves miles de estudiantes marcharon por distintos puntos de la ciudad.

Las manifestaciones transcurrieron con relativa calma, pero cuando los jóvenes intentaron acercarse a La Moneda para expresar su rechazo por las medidas, fueron reprimidos con chorros de agua y gas lacrimógeno por la policía de Carabineros.

A lo largo de la semana, el gobierno fue duramente criticado porque, para justificar el brutal aumento, puso como pretexto que recibió un “Estado en quiebra”, lo cual evidentemente no era cierto y debió borrar la publicación de sus redes sociales.

Otro punto álgido fue que la administración de Kast insiste en disminuir los impuestos y otras obligaciones a las grandes corporaciones, lo cual representa un golpe al fisco mucho más grande que haber mantenido los subsidios al combustible.

Para mitigar la situación, se creó un paquete de medidas, entre ellas congelar el precio del transporte público en la capital, entregar un subsidio anual a los taxis y otros transportistas y crear fondos de compensación en las regiones.

El poderoso gremio de los camioneros, curiosamente uno de los que menos rechazó la medida a pesar del brusco incremento del diésel, anunció que el próximo lunes reunirá a sus representantes para determinar un plan de acción.

Varios expertos advirtieron que, al subir los precios del transporte, el costo de la vida aumentará por lo menos en un 10 por ciento y se vaticina ya un salto de la inflación para abril de entre 1,2 y 1,4 puntos porcentuales por encima de lo normal.

Además, están anunciados próximos incrementos en las tarifas de la energía eléctrica y del gas doméstico utilizado para cocinar o la calefacción durante el ya cercano invierno.

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