Los dichos de la opositora venezolana desde el exterior tuvieron fuerte impacto en entidades como el Ministerio de Hidrocarburos que le salió al paso al repudiar, de manera categórica, los pronunciamientos de quien es reconocida como «la vocera del extremismo nacional».

En nombre de la industria petrolera, gasífera y petroquímica, la entidad calificó en un comunicado de infelices los enunciados.

No contenta con haber solicitado durante años sanciones, agresiones e intervención contra la República, “pretende ahora ofrecer -como si fuese de su propiedad y arrogándose una representación de la que carece- una industria que es patrimonio irrenunciable de todo el pueblo venezolano”, expresó.

El texto la responsabilizó, además, de dirigir el factor más violento y extremista de la política nacional, y de acciones mercenarias que enlutaron a cientos de familias venezolanas.

“La importancia del petróleo para Venezuela nunca podrá ser disminuida por quien no tiene y nunca tendrá autoridad real ni moral para hablar de nuestra industria”, subrayó.

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), por su parte, calificó de atentado contra la Constitución y las leyes lo dicho por la vocera ultraderechista, quien, durante una conferencia empresarial en Estados Unidos, ofreció la privatización total de la industria petrolera venezolana.

Ese acto constituye una afrenta a la Carta Magna, que en sus artículos 12, 302 y 303 “garantizan la propiedad de la República sobre los yacimientos de hidrocarburos y le otorga al Estado la potestad exclusiva sobre toda actividad en el sector”, afirmó.

La mayor fuerza política del país expresó su repudio absoluto a la acción criminal reincidente de este grupo antisocial -y de su vocera principal- que a lo largo de los últimos 25 años promovió y apoyó agresiones directas a su propio país.

Como parte de la restructuración de su gabinete y renovación de puestos importantes desde enero pasado, la mandataria encargada procedió a designar a la diplomática Coromoto Godoy como nueva representante permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas.

“Confiamos en su experiencia y amplia trayectoria diplomática para consolidar la presencia de Venezuela en el Sistema de Naciones Unidas, defendiendo nuestros intereses y fortaleciendo las relaciones de cooperación en todos los espacios internacionales”, declaró.

Rodríguez expresó su reconocimiento y agradecimiento a Samuel Moncada, quien ejerció esa responsabilidad desde 2017 y «ahora cumplirá nuevas tareas internacionales».

Otro nombramiento fue el del economista Johann Álvarez Márquez como ministro de Comercio Exterior, a quien calificó como “experto en el área”.

En la semana resultó importante también el encuentro de la jefa de Estado bolivariana con inversionistas nacionales y extranjeros a los que exhortó a aprovechar el nuevo marco jurídico del país para invertir en sectores estratégicos como hidrocarburos y minería.

Informó que la nación sudamericana avanza en “reformas legislativas importantes” -como en hidrocarburos y minería- con el objetivo de brindar “mayor seguridad jurídica a los inversionistas”.

Venezuela es el país con las mayores reservas petroleras del planeta, pero “queremos ser una potencia productora de petróleo y no solo tener las mayores reservas”, reafirmó la mandataria.

Ratificó ante los inversionistas que “quienes piensen y crean con convicción, por los números y análisis, que es un buen momento” para invertir en el país, “sepan que tienen garantías, seguridad jurídica, política, estabilidad y tranquilidad” para el desarrollo de las inversiones.

El parlamento propuso al Comité de Postulaciones del Poder Ciudadano, entre tanto, extender por 48 horas el proceso para la elección de los cargos a fiscal general y defensor del pueblo, ante la falta de consenso entre los diputados que condujo a la renuncia del candidato y exministro de Cultura Ernesto Villegas. La víspera, el Comité divulgó los listados con 22 nombres de aspirantes a fiscal general (tres) y a defensor del pueblo (18), que se sumaron en ese periodo de prórroga.

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