Sancionada el pasado miércoles en el Congreso Nacional (Parlamento), la nueva normativa fue respaldada por los mayoritarios partidos Nacional (PN) y Liberal (PL), sin la venia de la clase obrera y del ahora opositor Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda).

Según sus promotores, el propósito de la Ley es regular el régimen especial aplicable a la modalidad excepcional de trabajo a tiempo parcial, como forma de prestación de servicios subordinados en jornada inferior a la ordinaria máxima legal, garantizando seguridad jurídica a trabajadores y patronos.

Reconoce el goce de los derechos laborales y de seguridad social en condiciones de igualdad, no discriminación, irrenunciable y proporcionalidad respecto del trabajo a tiempo completo, aseguraron diputados del bipartidismo que encarnan el PN y el PL.

En sentido contrario, la bancada de Libre denunció que el flamante precepto vulnera la Constitución de la República, el Código de Trabajo y convenios internacionales en materia laboral.

El congresista Fabricio Sandoval señaló que la crisis de empleo en Honduras no puede resolverse mediante normas que reduzcan derechos laborales.

Advirtió que la disposición podría fomentar la precarización del trabajo al permitir contrataciones por menos horas y con menores garantías.

Tras asegurar que Libre no está en contra del empleo, sino a favor de generar oportunidades dignas, Sandoval cuestionó que la Ley recibiera luz verde sin una consulta adecuada a los sectores involucrados, como las organizaciones sindicales.

Su correligionario Hugo Pino consideró que la propuesta debilita el Código del Trabajo al fragmentar su contenido mediante un estatuto especial, cuando estos temas deberían incorporarse dentro de la normativa laboral vigente, enfatizó.

Contraviene la Constitución hondureña y convenios internacionales al introducir medidas que, en la práctica, disminuyen derechos laborales que deben ser progresivos y no regresivos, remarcó Pino.

“No estamos frente a una simple reforma técnica, sino ante una modificación estructural que pretende institucionalizar la precarización laboral y debilitar los derechos conquistados por la clase trabajadora”, remató el diputado.

La normativa que entró este lunes en vigor viene a llenar el espacio dejado por la Ley de Empleo por Hora (2013), derogada en abril de 2022, tres meses después del inicio del gobierno de Libre, encabezado por la exmandataria Xiomara Castro.

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