Según el comunicado oficial, los magistrados deberán definir si la elección del nuevo gobernador será directa, mediante voto popular, o indirecta, a través de la Asamblea Legislativa estadual, conforme a los principios de legalidad constitucional, seguridad jurídica y estabilidad institucional.
La controversia se intensificó tras una decisión cautelar del ministro Cristiano Zanin, quien el viernes suspendió la realización de una elección indirecta para el cargo.
Con esa decisión, el magistrado acogió un recurso del Partido Social Democrático, que defiende la convocatoria a comicios directos para elegir a la persona que completará el mandato al frente del estado hasta el 31 de diciembre de 2026.
En su fallo, Zanin expresó una posición divergente de la mayoría del STF y consideró que la renuncia del exgobernador Cláudio Castro podría constituir una maniobra para eludir la legislación electoral.
Hasta que el STF adopte una decisión definitiva, el juez determinó que el presidente del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, Ricardo Couto de Castro, asuma de forma interina el gobierno estatal.
El escenario de crisis política es resultado de una sucesión de hechos que, en pocos días, desarticularon completamente el orden político del territorio.
Luego de la renuncia de Castro el 23 de marzo, al día siguiente el Tribunal Superior Electoral (TSE) lo declaró inelegible por ocho años al considerarlo responsable de abuso de poder político y económico en las elecciones de 2022.
A esta situación se sumó un elemento previo, pues, desde mayo de 2025 el estado carecía de vicegobernador, tras la salida de Thiago Pampolha de ese cargo para asumir funciones en el Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro.
Paralelamente, hay una revisión en curso del conteo de votos para diputado estadual por parte del Tribunal Regional Electoral, lo que podría modificar la composición de la Asamblea Legislativa (Alerj) del territorio e influir en una eventual elección indirecta del gobernador.
Además, la semana pasada la Alerj eligió a un nuevo presidente que asumiría el Ejecutivo, pero la votación fue anulada horas después por la justicia estadual.
De acuerdo con medios locales de prensa, la decisión que adopte el STF en abril será clave para definir el mecanismo de sucesión en uno de los estados más importantes de Brasil y podría sentar precedentes sobre la interpretación constitucional en casos de vacancia de cargos ejecutivos.
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