La Presidencia palestina afirmó que la medida representa una violación flagrante del derecho internacional humanitario, en particular del Cuarto Convenio de Ginebra, que garantiza la protección de las personas, y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En un comunicado, alertó que la normativa constituye un nuevo crimen de guerra contra el pueblo palestino y se enmarca en el contexto de la escalada de acciones y procedimientos llevados a cabo por Israel contra los territorios ocupados, incluida Jerusalén Este.

También el vicepresidente palestino, Hussein al-Sheikh, denunció la ley, aprobada ayer por la Knesset (legislativo israelí) por 62 votos a favor y 48 en contra.

El político llamó a la comunidad internacional a adoptar medidas urgentes para proteger a los presos palestinos en las cárceles de esa nación.

Mientras, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados calificó de peligrosa esa iniciativa al estimar que legaliza las ejecuciones extrajudiciales, “según criterios racistas”.

Rechazamos esta medida y recordamos que Israel no tiene soberanía sobre el territorio palestino y que sus leyes no se aplican sobre nuestro pueblo, afirmó la Cancillería.

El jefe del Consejo Nacional Palestino, Rouhi Fattouh, se sumó a la ola de críticas al afirmar que la norma constituye un precedente nefasto, que “refleja la naturaleza de un gobierno racista extremista que adopta políticas de venganza y legitima la ejecución política”.

Esa legislación inválida representa una grave violación de las normas del derecho internacional humanitario, aseguró.

Mahmoud Al-Aloul, vicepresidente del gubernamental Movimiento Fatah, también denunció el proyecto, que consideró un crimen de guerra, mientras el Frente Popular para la Liberación de Palestina afirmó que la ley se “enmarca dentro de la política sistemática de exterminio practicada por la ocupación contra nuestro pueblo”.

A su vez, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) alertó que la iniciativa refleja la naturaleza sangrienta de Israel y su enfoque basado en el asesinato y el terrorismo.

El proyecto de ley fue presentado por la legisladora Limor Son-Harmelech y defendido por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, conocido por sus posiciones antipalestinas y en favor de la colonización judía.

La ley impone la pena capital por ahorcamiento a los palestinos condenados por perpetrar ataques en los que murieron israelíes “en un acto clasificado como terrorismo”.

Hasta la fecha, Israel solo aplicó la pena de muerte en una ocasión, en 1962, tras un juicio al jerarca nazi Adolf Eichmann, un participante clave del genocidio judío en Europa durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

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